Consellera de Sanidad. Foto: EFE
La consellera de Sanidad
Universal y Salud Pública, Ana Barceló ha informado hoy de la
tramitación de diligencias y en su caso, apertura de expedientes
informativos a 10 cargos públicos, que forman parte de un total de
233 casos cuya vacunación
ha sido objeto de análisis por no ajustarse aparentemente a los
grupos de riesgo correspondientes.
“De todos ellos – ha
concretado Barceló -, un total de 171 casos están justificados por
haberse administrado la primera dosis de vacunas ya reconstituidas a
personas, bien del grupo siguiente o bien de grupos de riesgo
justificados”. “En cuanto a los 62 casos restantes, son los que
se ha procedido a investigar con más detalle para depurar, en su
caso responsabilidades”, ha destacado la titular de Sanidad.
Barceló ha precisado que ordenó,
tanto a la Dirección General de Recursos Humanos, como a Salud
Pública, la apertura de expedientes informativos para saber, en el
primer caso, si algún profesional de la Consellería había cometido
alguna irregularidad y, por otro, si habían sido vacunadas personas
no pertenecientes a los grupos que les correspondía y si, de darse
el caso, había alguna causa que justificara esta vacunación.
Según Barceló, de la
información recabada hasta el momento, se desprende que “se pueden
haber cometido irregularidades y dada la trascendencia de este asunto
y en aras de la trasparencia, les puedo avanzar algunos detalles a
expensas de que se sustancien varios de los expedientes que aún
continúan abiertos”.
Así mismo, la titular de Sanidad
ha detallado que, desde la Dirección General de Recursos Humanos de
Conselleria, en este momento hay abiertos 9 expedientes informativos,
entre los que ya están en fase de diligencias previas o aquellos en
los que se ha solicitado una ampliación de información. “Todos
ellos afectan a personal propio que haya podido intervenir en el
proceso de vacunación y, al encontrarse en trámite, están sujetos
a la privacidad y protección de datos correspondiente”, ha
puntualizado Barceló.
Diez casos de cargos públicos
Respecto a estas 62 personas que
han recibido la vacuna sin corresponderles, la máxima responsable de
la sanidad valenciana ha referido también las condiciones en las que
han ocurrido los hechos en los casos de 10 cargos públicos que “por
su especial relevancia y trascendencia, se consideran de interés
general”, ha precisado Ana Barceló.
En el caso de Ximo Coll Moll,
alcalde de El Verger y Carolina Vives Bolufer: alcaldesa de Els
Poblets, se vacunaron juntos los dos el 8 de enero en el Centro de
Salud El Verger por parte del personal del centro, y se encuentra
abierto expediente de Diligencias Previas.
En cuanto a Cristina Morera
concejala de servicios sociales y sanidad de Dènia y alguno de sus
familiares, fue vacunada el 12 de enero en la Residencia Santa Lucía
de Dènia y se encuentra abierto expediente de Diligencias Previas.
Por lo que respecta a Jose Luis
Cuesta Merin, fiscal Jefe de Castellón, fue vacunado en el Centro de
Salud 9 de octubre, el 29 de enero se inician diligencias previas por
parte de Recursos Humanos. Los responsables de la vacunación son la
coordinadora de enfermería de Atención Primaria y un enfermero. Y
se encuentra abierto expediente de Diligencias Previas.
Por su parte, Luis Rubio, alcalde
de Villahermosa del Río, y que como alcalde, es también
administrador de la residencia municipal, se vacuna en la residencia
municipal, según alega, porque estaba en el listado de trabajadores
y residentes facilitado por la residencia y autorizado por Salud
Pública, donde él se incluye. Se encuentra abierto un expediente
informativo en el Departamento de Salud de Castellón.
En cuanto a Francisco López
López, alcalde de Rafelbunyol, la vacunación se produjo el día de
inicio de la campaña en la primera residencia de la Comunitat
Valenciana en la que se administraba la vacuna, motivo por el cual se
invitó al alcalde y se le administró una dosis que sobró al final
de la jornada. Se archiva el expediente por parte de Recursos
Humanos. En esta línea, Barceló ha destacado que ha tenido hoy
conocimiento del Informe de Salud Pública de Valencia, donde alega
que no existía un protocolo, y ha requerido a la directora general
de Salud Publica “que me aporte información sobre el contenido de
un informe del que yo no he tenido conocimiento”.
En el caso de Bernabé Cano,
alcalde de La Nucía y diputado provincial, se vacuna el 6 de enero
en la Residencia Savia La Nucía. Se presenta junto con el concejal
de sanidad en la Residencia, sin tener autorización para ello e
incumpliendo por tanto el protocolo previsto en los centros
sociosanitarios, y sin figurar en los listados de vacunación. Y a
pesar de lo anterior es vacunado por el personal de la residencia. Se
encuentra abierto expediente de Diligencias Previas.
Respecto a José Galiana,
concejal de Sanidad de Orihuela, fue vacunado el 6 de enero en la
Residencia Las Espeñetas. Se encuentra abierto expediente de
Diligencias Previas.
En cuanto a Juan Bautista
Roselló, diputado Provincial responsable del Centro de Salud Mental
Doctor Esquerdo, se vacuna el 12 de enero en el mismo centro al estar
incluido en el listado de trabajadores y residentes facilitado por la
Diputación para su vacunación. Al estar incluido en el listado, se
archiva el expediente por parte de Recursos Humanos.
Por último, en el caso de Àngel
Ribés Bellés. alcalde de Benlloch (Departamento de salud de
Castelló), se están investigando las circunstancias en que se ha
producido la vacunación al aparecer esta persona en el listado
facilitado por Salud pública.
Tramitación de diligencias y,
en su caso, apertura de expedientes
Respecto a estas personas, la
titular de Sanidad ha informado que “se ha solicitado a Salud
Pública la tramitación inmediata de diligencias y, en su caso, la
apertura de los correspondientes expedientes para acotar los hechos,
circunstancias y sujetos responsables de cada caso”. También la
aplicación, si procede, de las sanciones recogidas en la Ley 33/2001
General de Salud Pública y la Ley 10/2014 de la Generalitat de Salud
de la Comunitat Valenciana.
Ana Barceló ha resaltado que
“las posibles irregularidades, 62, cuando se llevan puestas más de
149.000 vacunas, un 0,041%, no empañan en ningún caso un proceso de
vacunación que está transcurriendo con la más absoluta
normalidad”.
Segunda dosis: conclusiones
del Comité de Bioética
Respecto al suministro o no de la
segunda dosis de la vacuna a estas personas, la titular de Sanidad ha
recordado que ordenó que “no se les suministrara en tanto se toma
una decisión definitiva, valorando la trascendencia médica que
pueda tener la decisión si es que la tiene y teniendo en cuenta la
posición del Comité de Bioética de la Comunidad Valenciana a quien
se consultó”.
En este sentido, la responsable
sanitaria ha informado que el Comité ha trasladado a su departamento
sus primeras conclusiones en las que indica, que “la administración
de esta segunda dosis a estas personas debería plantearse tan sólo
después de haber concluido la vacunación de los grupos recogidos en
la estrategia de vacunación. La recomendación es, en todo caso,
vacunar a las 6 semanas de la primera dosis que, asegura el informe
del Comité, es el plazo máximo marcado por la OMS para la segunda
dosis de la vacuna Pfizer”.
Según Barceló, el Comité
también recomienda en su informe “que se tomen medidas de sanción
o disciplinarias que administrativa y políticamente correspondan y
que analizará con más profundidad el caso en su próximo pleno”.
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