El director general de Cohesión Territorial, Vicente Saurí. FOTO M. G.
SP volvió a ver, por segundo
mes consecutivo, cómo el pleno rechazaba su propuesta relacionada con la
resolución del director general de Cohesión Territorial, Vicente Saurí, sobre
el expediente de segregación. Concretamente, desde SP reclamaban la nulidad
del acuerdo plenario del pasado 25 de noviembre, así como la reprobación de
Saurí. EPDA ha hablado con éste, quien ha defendido que la resolución ‘‘se
ajusta a derecho’’.
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Para los segregacionistas,
está acreditado que la resolución es “ilegal”, por lo que el acuerdo adoptado
en el pleno sería nulo, una afirmación a la que el alcalde, Alfredo Castelló,
replicó que el acuerdo adoptado “cuenta con todos los informes”.
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En este sentido, el
portavoz del equipo de gobierno, Sergio Muniesa, incidía en que la tramitación
ahora corresponde a la
Generalitat, así como también aclaraba que el posicionamiento
del Ayuntamiento “no ha variado, porque no hay nuevos hechos”, lo que se ha
hecho es uso del trámite de audiencia, “que se le da a todas las partes,
incluso a SP, lo que ofrece mayor garantía jurídica”, y puntualizaba,
“nosotros no nos podemos pronunciar sobre la nulidad o anulabilidad de las
decisiones de otras administraciones”, de igual modo que el Consistorio es una
administración “incompetente” para decretar una reprobación.
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El portavoz de SP,
Manuel González, insistía en denunciar el “absoluto menosprecio” de la Conselleria a los
firmantes del expediente, cuyos derechos consideran que están siendo
vulnerados, al tiempo que advertía que esta circunstancia podía llevar a la
nulidad de todo el proceso de segregación, ya que la propuesta de resolución
es “contraria a procedimiento”.
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Vicente Saurí
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El director general de Cohesión
Territorial, preguntado por EPDA al respecto, aseguraba que la resolución
emitida “se ajusta a derecho”, y explicaba que la tramitación del expediente
está siguiendo su curso, “tenemos en cuenta la opinión de SP. Siempre que han
estado en Conselleria se les han abierto las puertas para que consulten toda la
documentación”.
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Saurí explicaba que “ellos
saben lo que tienen que hacer y nosotros seguimos el curso que hemos de
seguir”, ya que, reconocía el director general, la obligación de SP es “luchar
por sus intereses y utilizar las herramientas a su alcance”. Por último, el director general reconoció que IP tiene “todo el
tiempo que necesitan para presentar lo que consideren oportuno”, concluía
Saurí.
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