Save the Children denuncia que en la Comunitat Valenciana se han producido más de 300 suicidios de adolescentes y jóvenes en los últimos 10 años

El 10% de las muertes de adolescentes en la Comunitat están relacionadas con el suicidio o las autolesiones. /Foto Save the Children

La pandemia ha traído a la vida de niños, niñas y adolescentes nuevas preocupaciones, miedos, infelicidad y ha puesto de manifiesto la magnitud de los problemas de salud mental que sufren los niños y niñas en nuestro país. Así lo corroboran los datos de Save the Children en su informe “Crecer Saludable(mente). Un análisis sobre la salud mental y el suicidio en la infancia y la adolescencia”: los trastornos mentales han aumentado del 1% al 3% en niños, niñas y adolescentes de entre 4 y 14 años en España y del 4% al 7% en el caso de los trastornos de conducta, en comparación con los últimos datos oficiales disponibles de la Encuesta Nacional de Salud (ENS) de 2017.

Tras realizar una encuesta a nivel estatal a 2.000 padres y madres sobre la salud mental de sus hijos e hijas, el informe señala que la incidencia de estos problemas es tres veces mayor (10%) en las familias sin empleo que entre la infancia y la adolescencia que vive en familias que han conservado el empleo (3%) tras la crisis de la COVID-19. Además, los niños, niñas y adolescentes que viven en hogares con bajos ingresos tienen una probabilidad 4 veces mayor (13%) de sufrir trastornos mentales y/o de conducta que los que viven en hogares de renta alta (3%). También en los hogares más pobres se concentra una mayor proporción de infancia migrante que presenta una mayor incidencia de trastornos mentales y/o de conducta.

“La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de cuidar de nuestra salud mental, especialmente la de la infancia y la adolescencia que vive en familias en riesgo de pobreza o exclusión social. Los niños y niñas de este tipo de hogares tienen muchas más dificultades para acceder a estos profesionales, por lo que la pobreza una vez más es un factor que vulnera derechos tan básicos de los niños y niñas como es el derecho a la salud”, asegura Rodrigo Hernández, director de Save the Children en la Comunitat Valenciana.

Como ya ocurría en la ENS 2017, nuestra encuesta corrobora que a partir de los 8 años los trastornos mentales se concentran más en las niñas y los de conducta en los niños. Además, los trastornos mentales son mucho más frecuentes entre los mayores de 12 años, mientras que los de conducta aparecen en edades más tempranas.

El tabú del suicidio: el desenlace más dramático

En la Comunitat Valenciana se han producido un total de 308 suicidios de adolescentes y jóvenes (de hasta 29 años) en los últimos 10 años, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Si se analizan las cifras de 2020, 1 de cada 10 muertes de personas menores de esa edad fue a causa del suicidio o de autolesiones.

Muchas veces, la detección del pensamiento suicida se produce cuando el problema ya está muy avanzado o es incluso demasiado tarde. Según los resultados de nuestra encuesta, un 3% de niños, niñas y adolescentes han tenido pensamientos suicidas en 2021.

Si bien las niñas parecen más afectadas por pensamientos o intenciones suicidas, son los niños quienes terminan por cometer en mayor proporción este acto. Las intenciones de suicidio se incrementan a medida que los niños y niñas alcanzan la adolescencia y los porcentajes son mayores en las familias con rentas bajas. Además, los niños, niñas y adolescentes víctimas de bullying (victimización por pares) tienen 2,55 veces más riesgo de intentos de suicido que los que no lo han sufrido. En el caso del ciberbullying, el impacto es todavía mayor.

El acceso a la asistencia sanitaria: una carrera de obstáculos

La pandemia ha intensificado los retos a los que se enfrenta nuestro sistema sanitario y los servicios de salud mental infantojuveniles no están suficientemente dotados para el reto que tienen por delante. Las largas listas de espera se explican en parte por la falta de recursos humanos especializados.

Nuestra ratio de psiquiatras por habitante se sitúa entre las más bajas de Europa y solo el 60% de los hospitales de la red pública cuenta con atención psicológica. La falta de personal de psicología en el Servicio Nacional de Salud y el aumento de la presión asistencial en la atención primaria llevan a que parte del sufrimiento emocional de los niños, niñas y adolescentes se pretenda mitigar con medicación. También existe un problema de calidad debido a la baja frecuencia de las consultas: hasta 3 meses entre visita y visita, y con una duración muy corta.

“Aunque se han aumentado en los últimos años los profesionales dedicados a la salud mental en la Comunitat Valenciana, todavía estamos muy lejos de garantizar una atención adecuada a los niños y niñas, especialmente a aquellos que no se pueden permitir a servicios privados de salud mental. La infancia y la adolescencia más vulnerable debe tener a su alcance recursos públicos y de calidad”, asegura Hernández.

Los retos de la nueva Estrategia de Salud Mental 2022-2026

La Estrategia de Salud Mental aprobada el pasado 3 de diciembre en España presta especial atención a la salud mental de la infancia y la adolescencia priorizando un modelo de atención integral, con especial énfasis en la prevención.

Save the Children incluye en su informe recomendaciones para que la Estrategia de Salud Mental implemente sus objetivos. La escuela juega un papel clave en la prevención y la detección temprana, por ello en este ámbito, la organización plantea entre otras propuestas una inversión de 44,6 millones de euros para la formación especializada del personal docente. Asimismo, considera necesaria la formación del personal sanitario en detección temprana de comportamientos suicidas. También propone la puesta en marcha de un teléfono de atención a la salud mental, exclusivo para la infancia y la adolescencia, con un coste estimado de medio millón de euros, así como la mejora de las estadísticas oficiales, necesaria para una prevención más efectiva de los problemas de salud mental y que se ven afectadas por una infradeclaración o mala clasificación de los suicidios.

Asimismo, la organización plantea la necesidad de consolidar la especialidad de psiquiatría y psicología infantojuvenil, duplicar el número de plazas anuales convocadas de Psicólogo Interno Residente (PIR) hasta llegar a las 400 –con un coste estimado en 31 millones de euros- y duplicar también el número de plazas anuales convocadas del MIR en la especialidad de Psiquiatría hasta las 600 -con un coste estimado de 12,4 millones de euros-.

A nivel autonómico, la organización valora positivamente la creación del comisionado de la presidencia de la Generalitat en salud mental creado este mismo año, pero considera que la administración debe ir mucho más allá.

“Es un gran paso para dar respuesta al impacto de la Covid-19 en la salud mental de la ciudadanía, pero esta figura y la ambición de la misma no puede quedar en papel mojado. Es fundamental que todas las estrategias en este ámbito se aborden también con perspectiva de infancia para no dejar fuera de esta estrategia a ningún niño o niña vulnerable, a los que la pandemia les ha afectado especialmente”, afirma Hernández.

La organización considera necesarias también más campañas de sensibilización relacionadas con la prevención al suicidio y formación a profesionales que trabajan con la infancia en materia de salud mental, incluidos aquellos que atienden el teléfono de atención a la infancia de la Generalitat (116111).

Sobre Save the Children

Save the Children es la organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Ayuda a los niños y niñas a lograr una infancia saludable y segura.

En España trabaja desde hace más de 20 años con programas de atención a los niños y niñas más vulnerables, centrados en la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social. A través de sus programas en España, proporcionan una atención integral a los niños, niñas y sus familias para que la situación económica o de exclusión social en la que viven los niños no les impida disfrutar plenamente de sus derechos y puedan alcanzar el máximo de sus capacidades.