Concejal del PSPV-PSOE de Massanassa, Fran Raga. EPDA
El
entorno urbano, y en particular la limpieza de nuestros pueblos y
ciudades, es uno de los focos de quejas más recurrentes al que se
enfrentan los equipos de gobierno. A menudo, el servicio de limpieza,
recogida de basuras y enseres se encuentra contratado con una empresa
externa al ayuntamiento que pacta unos servicios con el ayuntamiento
a cambio de un precio cerrado anual. Ante ello los gobiernos
municipales deben ser ágiles en la resolución de estos problemas y
no permitir que se enraícen como nos ha pasado en algunos
municipios.
En una localidad como la mía, Massanassa, este
servicio representa una inversión total de algo más de 360.000
euros anuales, dependiendo el ejercicio presupuestario y teniendo
siempre una cantidad mayor presupuestada en esta materia.
A
menudo también, y es un gran problema, los equipos de gobierno se
enfrentan a los incumplimientos del documento que regula los
servicios contratados con las empresas de limpieza y gestión de
residuos. Los incumplimientos pueden ser en forma de servicios que no
se llegan a prestar o no se prestan con la regularidad adecuada, como
por ejemplo el vaciado de los contenedores o el baldeo de calles y
aceras. Otras veces directamente los servicios prestados no se dan
por parte de la empresa, como puede ser el caso de tener contratado y
pagado un determinado tipo de contenedor y que nunca se haya llegado
a completar la flota de contenedores con dicho modelo. En Massanassa,
según el pliego de condiciones que regula la relación entre la
empresa que presta el servicio de limpieza y el Ayuntamiento,
deberían ser todos los de R.S.U con pedal, para facilitar el
depósito de la basura, algo que evidentemente no sucede.
Tenemos
contenedores soterrados rotos y sólo si se reparan si desde la
oposición lo denunciamos en Pleno y después de muchas quejas
vecinales. Evidentemente tenemos un problema con la gestión de la
limpieza urbana y la recogida de basuras en Massanassa.
Ante
esta situación los equipos de gobierno deben introducir cláusulas
sancionadoras ágiles y claras en los pliegos de condiciones para
sancionar los incumplimientos de las empresas, de limpieza o de
cualquier otra índole, que tanto malestar pueden llegar a generar.
Parece lógico pensar que si la ciudadanía paga por un servicio y no
se le presta, se puedan, como mínimo, activar mecanismos de sanción
contra quienes incumplen. Además, no se debería en ningún
municipio –y esto es voluntad política- renovar contrataciones con
quien claramente incumple una y otra vez.
Si los
ayuntamientos deben asumir los servicios que ya contratan a una
empresa porque ésta no cumple con lo firmado, estamos repagando
servicios. Si la Brigada de Obras debe limpiar lo que, por vía
contractual, debe hacer una empresa determinada, estamos repagando
servicios, porque detraemos personal municipal para un servicio que
pagamos para externalizarlo.
En definitiva, algo no funciona
nada bien si eternizamos contratas que, a la vista de todos está, no
funcionan y si tampoco tenemos voluntad alguna de sancionar cuando
nos recortan servicios por los que pagamos. Más valdría pensar en
una remunicipalización al menos de ciertos servicios como el barrido
de calles, el fregado de contenedores, la limpieza de alcorques o
incluso asumir como propio el servicio de recogida de determinados
residuos no tóxicos como el de la recogida de aceites.
Mientras
tanto, si es un servicio público: control público.
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