Como vemos todos los días, a través de los medios de comunicación, ante la grave situación económica y social que afecta a tantos países, entre ellos especialmente a España, son diversas las posturas entre los políticos y entre los expertos en economía. Así, entre los primeros, son distintos los posicionamientos de la señora Merkel y sus adláteres y las del candidato socialista a la presidencia francesa, señor Hollande, partidaria la primera de seguir con las políticas de austeridad, aunque últimamente está anunciando la presentación de una “ agencia de crecimiento “, y el segundo inclinándose más bien por unas politicas de crecimiento y de creación de empleo. Y lo mismo se puede decir de los economistas, en los que encontramos autores que defienden ambas posturas. Sin tener necesidad de recurrir al gran economista británico JOHN MAYNARD KEYNES (1983-1946), y para que no se nos acuse de anticuados y trasnochados, recientes premios Nobel en economía como los estadounidenses JOSEPH E. STIGLTZ y PAUL KRUGMAN mantienen una postura más próxima a las tesis keynesianas y diferente a la que la canciller alemana ha venido imponiendo hasta ahora a la Unión Europea. El tiempo dará la razón a unos o a otros.
En este breve comentario, queremos ceñirnos a las consecuencias que están teniendo en España, sobre todo en la clase trabajadora y en la clase media ( sin olvidar a tantos empresarios, sobretodo medianos y pequeños, ajenos a la crisis, y que también están sufriendo sus consecuencias ) las medidas que viene aprobando, día tras día, el gobierno español, para paliar o salir de la crisis se nos dice, medidas ninguna de las cuales figuraba en su programa electoral. Es más, en la campaña electoral, el partido del gobierno afirmó rotundamente que alguna de ellas, como la subida de impuestos o el abaratamiento del despido, jamás las pondría en práctica. Transcurridos ya seis meses desde su toma de posesión , ya sabe a disco rayado eso de la “ herencia socialista “ para justificar tales medidas. Admitimos los errores y equivocaciones del gobierno de Zapatero, faltaría más, pero el antes lider de la oposición y hoy Presidente del Gobierno no puede alegar ignorancia y desconocimiento de la situación cuando, por ejemplo, la mayoría de las Comunidades autónomas estaban y están gobernadas por el Partido Popular y, en gran parte, son las causantes del importante defícit que venimos sufriendo. ¿ Se quiere que hablemos de la Comunidad Valenciana , por citar una de ellas ?
Mediante el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de Medidas Urgentes para la reforma del mercado laboral, el gobierno de Mariano Rajoy aprobó toda una serie de medidas que suponen la mayor merma de los derechos de los trabajadores en la historia de España, bastando hacer un repaso de ésta para saber los enormes sacrificios y esfuerzos que costó lograrlos. Así, solo por citar alguna de estas medidas, ahora se facilita el despido de los trabajadores por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, de manera apenas causal y sin necesidad de autorización de la autoridad laboral, como venía ocurriendo antes con los expedientes de regulación de empleo ( los famosos ERE ); ahora se ha abaratado el despido, el cual, casi con generalidad, se contrae a 20 días de salario por año de servicio con los topes legales; ahora se da una gran facilidad y atribuciones al empresario para modificar las condiciones laborales de sus trabajadores (horario de trabajo, salario, movilidad geográfica y funcional, etc.) ; ahora se ha restringido sustancialmente el derecho a la negociación colectiva, incurriendo con ello en este punto el Decreto-Ley citado en posible insconstitucionalidad por infracción del artº .37 de la Constitución, etc. etc.
En el Boletín Oficial del Estado de 24 de abril de 2012, se publicó el Real Decreto-Ley 16/2102, de 20 de abril, de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
Según el citado Decreto-Ley, entre otras cosas, los pensionistas, a excepción de los que cobran pensiones mínimas como es el caso de los perceptores de pensiones no contributivas, tendrán que abonar mensualmente por consumo farmacéutico 8 euros mensuales, si sus ingresos anuales son inferiores a 18.000 euros, 18 euros mensuales, si sus ingresos anuales están entre los 18.000 y los 100.000 euros, y 60 euros mensuales, si sus ingresos anuales superan los 100.000 euros. Pero, salvo los que superen los 100.000 euros anuales de ingresos, todos los pensionistas pagarán el 10 % del coste de la receta, pudiendo retrasar la Administración hasta seis meses la devolución a aquéllos del dinero que hayan adelantado y que supere los topes máximos del gasto farmacéutico citados, es decir, los 8 o los 18 euros, según el caso. Pensemos en la situación de un matrimonio de ancianos con una única pensión de 600 euros y con un gasto importante en medicamentos que, inexplicablemente, si una norma de desarrollo no modifica este punto, tendrá que anticipar parte de su pequeña pensión a la Administración. Hagan los lectores las cuentas.
Además, los pacientes deberán pagar parte de las prótesis y el transporte no urgente a centros hospitalarios( tratamiento de diálisis, radioterapia por cáncer, etc. ).Por no extendernos en este punto, no queremos hacer hincapié en la aportación al gasto farmacéutico de las personas activas, cuyo porcentaje se ha incrementado con la nueva norma, ni en la situación de los mayores de 26 años sin trabajo o en las mujeres divorciadas sin trabajo, ni en los emigrantes irregulares ,los cuales salvo en casos muy excepcionales se quedan sin asistencia, calculándose en 500.000 las personas que en agosto perderán su tarjeta sanitaria (por cierto, nos gustaría saber en qué queda el ideario cristiano del Partido Popular del que hicieron gala algunos de sus más altos representantes en su su último Congreso celebrado en Sevilla). Mucho tendrá que estrujarse el cerebro la señora Ministra de Sanidad, Ana Mato, para paliar estas situaciones con el Decreto-Ley en la mano o tendrá que proponer la modificación o un buen desarrollo del mismo por la vía quizá de una Orden Ministerial.
La cosa no acaba aquí ni mucho menos.
El 30 de marzo de 2012, el ahora irreconocible Alberto Ruiz Gallardón, Ministro de Justicia, presenta al Gobierno un anteproyecto de ley que contempla una subida generalizada de las tasas judiciales, entre ellas las que tengan que abonar los trabajadores ante la jurisdicción social en la interposición del recurso de suplicación ante los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas ,por ejemplo en materia de despido, por importe de 500 euros, y las que tengan que abonar por interposición del recurso de casación ante el Tribunal Supremo, por importe de 75O euros, algo que era totalmente gratuito en España desde hace más de cien años. Más que mejorar la actuación de nuestros tribunales o la justicia gratuita, como dice el Gobierno para justificar la medida, lo que conseguirá la misma es que muchos trabajadores, ante esta nueva carga económica, hagan dejación de sus derechos y dejen de ejercitar acciones ante la jusrisdicción social, lo cual contribuirá aún más a cercenar tales derechos.
Como se puede observar, todas estas medidas, tanto las derivadas de la reforma laboral, como las del “copago “ o “repago “ farmacéutico y la implantación de las nuevas tasas judiciales a los trabajadores, a las que hay que añadir medidas tales como la subida de las tasas universitarias, la reducción de becas, el aumento del IBI en muchos Ayuntamientos, el aumento del recibo de la luz, la reducción real de las pensiones por aumento del IRPF como se ha dicho, la congelación o reducción del sueldo de los funcionarios públicos, etc., nos llevan a la conclusión de que la situación, para una gran mayoría de la población trabajadora y de la clase media ( también incluimos a la gran mayoría de empresarios, ante la falta de recursos crediticios y disminución sensible del consumo), se hace insostenible.
Lo que no puede ser es que cada día nos despertemos con sobresaltos. No puede ser que un día nos despertemos con la subida del IVA( bueno, ahora, el Ministro de Hacienda la llama “ ponderación de impuestos “), algo que se nos había jurado y perjurado que no se llevaría a cabo, o como ha ocurrido a los ciudadanos valencianos, con la privatización de la asistencia sanitaria que nos anuncia la Generalitat o con que, pese a estar a punto de ser intervenida nuestra Comunidad, se van abonar 40.000.000 de euros por la Fórmula 1.
Hay quien dice que los sacrificios que se están exigiendo están siendo elogiados por organismos tales como la Comisión Europea, el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional, afirmando que tales sacrificios son hambre para hoy pero pan para mañana. Lo que ocurre es que siempre son los mismos a quienes se les exige pasar hambre.
¿Es que los culpables de la crisis actual son los trabajadores y sus hijos, los miembros de clase media, los emigrantes, a los que por cierto se les explotó cuando el boom de la construcción y ahora nos molestan, los autónomos, los empresarios honrados, sobre todo medianos y pequeños, los pensionistas, los estudiantes...? ¿ Por qué son ellos las principales víctimas de esta situación y a los únicos que se les imponen sacrificios y privaciones ? ¿ Por qué solo se les pide, más bien diríamos que se les impone, solidaridad a estos ciudadanos y los políticos se olvidan de atajar las verdaderas causas de la crisis y tomar medidas contra los verdaderos causantes de la misma?
No quisiéramos dudar de la buena fe y de los buenos deseos de nuestros gobernantes, pero, ¿hasta cuándo creen que los ciudadanos resistiremos estoicamente esta situación y tendremos capacidad de aguante ?
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