María José Catalá Si algo nos ha enseñado la política estos últimos
meses es que la crisis sanitaria va camino de convertirse en el aliado político
perfecto a la hora de disculpar ante la opinión pública decisiones
cuya adopción resultaría inasumible en circunstancias menos adversas. Unas
veces como catalizador y otras como freno de mano, la pandemia ha demostrado
ser, dialécticamente hablando, un básico fundamental en el fondo de armario de
todo político con responsabilidades de gobierno, idóneo para todas las
ocasiones. Lo mismo en la Generalitat que en el Ayuntamiento de Valencia, muchos
gobernantes no han dudado en hacer uso, cuando no directamente abuso, de este
socorrido recurso para justificar los
retrasos
en la
ejecución de obras programadas mucho antes de que el Covid irrumpiera con
fuerza en nuestras vidas, la gestación precipitada de actuaciones sin el
suficiente consenso o la urgencia de otros tantos proyectos cuya materialización
se anuncia siempre como próxima, pero que, inexplicablemente, nunca llega.
La Dirección General de Patrimonio no
ha sido la
excepción a esta tendencia. El mismo órgano que intercediera en el pasado a
favor de la conservación de muchos edificios de nuestra ciudad, igualmente
amenazados por la piqueta, bendecía el pasado 7 de diciembre, con la firma de su
titular, el derribo de las naves traseras de la antigua Escuela de Agrónomos,
obra
del
arquitecto Fernando Moreno Barberá, en colaboración con
Borso di
Carminati, y una de las muestras más representativas del Movimiento Moderno en Valencia.
Y lo hacía apelando precisamente a la situación de emergencia sanitaria en la
que nos encontramos. Compartiendo la necesidad de
ampliar el Hospital
Clínico Universitario, uno de los centros hospitalarios con mayor
presión asistencial, la pandemia no debería servir, en modo alguno, como
patente de corso para aminorar el legado patrimonial de nuestra ciudad. Presentar
como objetivos irreconciliables la promoción de la salud pública y la conservación de
nuestro patrimonio no sólo se fundamenta en una disyuntiva falsa,
sino que abre
una senda peligrosa, desenfocando interesadamente el debate y exonerando de
toda culpa a sus máximos responsables.
Una segunda razón venía a justificar lo que hoy
muchos consideramos un atentado contra el patrimonio de todos los valencianos:
la ausencia de un Plan Especial de Protección en el que se analizarse y concretase
la protección de los edificios universitarios de Blasco Ibáñez incluidos en el
Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del Ayuntamiento. Siete años después
de adquirir el
compromiso
de
desarrollar el citado Plan, la pasividad de la Universidad de Valencia ha
servido de subterfugio legal a nuestras Administraciones a la hora de autorizar
el derribo, ya consumado, de los pabellones auxiliares de Agrónomos, sin la
seguridad jurídica sobre el valor patrimonial de los mismos.
Lejos de las
cautelas que se presuponen al órgano llamado a velar por la conservación de
nuestro patrimonio, como hemos denunciado desde el Grupo Municipal Popular, omitía
tanto realizar, a falta del citado Plan Especial de Protección, un estudio
sobre los valores históricos y arquitectónicos del inmueble con carácter previo
a su demolición parcial, como consultar a las principales instituciones consultivas
autonómicas en materia de patrimonio cultural. ¿Para qué consultar nada cuando
el guión ya está preestablecido…? Pocos días han bastado para reducir los
pabellones a escombros.
Desde su adquisición en 2017 por la Conselleria
de Sanidad en una operación cuya formalización quedó, por cierto, condicionada
por su anterior propietario al respeto a los valores arquitectónicos del
edificio, la situación de abandono de la antigua Escuela de Ingenieros Técnicos
Agrícolas (EUITA) ha ido en aumento. Lejos de anunciar su pronta recuperación,
el derribo de sus naves traseras no ha sido sino el golpe de gracia. Algunos parecen
ignorar que la propia Memoria técnica de estas obras consideraba las naves a
demoler como parte intrínseca del edificio de la antigua Escuela de Agrónomos,
contemporáneas en el tiempo y obra del mismo arquitecto, o que en la ficha
correspondiente del Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos del Ayuntamiento
de Valencia, pendiente de aprobación desde el año 2015, se establece que todo
el conjunto arquitectónico de la antigua EUITA reviste interés patrimonial,
“tanto los edificios y sus distintas partes como los espacios que las
relacionan y el vallado de la parcela”.
Añadiré más, casualidades de la vida, el mismo
día en que el Ayuntamiento de Valencia concedía la licencia municipal de
derribo, la Comisión Territorial de Urbanismo de la Conselleria de Obras
Públicas aprobaba definitivamente la modificación del planeamiento de
Tabacalera, igualmente Bien de Relevancia Local, regularizando,
de esta
manera, la permuta de la antigua fábrica de tabacos. Una ocasión que la
responsable de la Delegación de Desarrollo Urbano no dudó en aprovechar para cargar
contra el Partido Popular. Quienes hoy ocupan posiciones de gobierno parecen de
nuevo olvidar que la misma sentencia que invocan se ha convertido ahora en el
espejo de sus incoherencias. Y es que, ante una cuestión de fondo muy similar a
la que aquí nos ocupa, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana extendió la protección patrimonial de Tabacalera a todo el complejo
arquitectónico, al entender la antigua fábrica de tabacos como
“un conjunto
integrado no sólo por el edificio principal, sino también por el conjunto de
naves que lo perimetran”. Sirva de precedente con Agrónomos.
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