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Sobrino niega irregularidades al ser facturas menores a 18.000 euros

El caso ha llegado a la Audiencia tras la investigación previa por parte del juzgado de Instrucción 8 en una causa que constituye una pieza separada del denominado 'caso Isjoma'

EFE - 19/12/2018

El exconcejal de Comercio del Ayuntamiento de Alicante José Antonio Sobrino (d), junto a su abogado José Luis Romero (i), llega a la Audiencia Provincial para la celebración del juicio en el que se le acusa, junto a un técnico municipal, por supuestamente contratar irregularmente los servicios para las instalaciones de la primera feria outlet de la ciudad en 2009. EFE

El exconcejal de Comercio del ayuntamiento de Alicante José Antonio Sobrino (PP) ha negado hoy ilegalidades en el juicio por, supuestamente, contratar irregularmente los servicios para las instalaciones de la primera feria Outlet de la ciudad, en octubre de 2009.

En la primera sesión de la vista oral que se sigue contra él y el técnico municipal Diego Agulló en la Sección Décima de la Audiencia Provincial, Sobrino ha explicado que no hubo fraccionamiento de contratos y que las facturas no excedieron de los 18.000 euros que fija la normativa para tener la obligación de convocar un concurso.

Además, ha señalado que ni el departamento municipal de Intervención ni los funcionarios le advirtieron de la posibilidad de poder estar incurriendo en delito alguno.

La feria Outlet se desarrolló en la zona Volvo del puerto de Alicante del 9 al 12 de octubre de 2009, en la etapa del Luis Díaz Alperi de alcalde.

El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, pide para cada uno de los dos acusados siete años de inhabilitación especial para cargo público por un delito de prevaricación.
El ministerio público explica en su escrito de acusación que el exedil obvió el procedimiento legal establecido para licitar servicios por 42.000 euros.

Al superar los 18.000 euros, el adjudicatario debería haberse elegido por un órgano de contratación tras solicitar ofertas a, como mínimo, tres empresas.
Además, después de la prestación del servicio contratado, que consistió en el montaje de 67 jaimas, mostradores, tarimas, rótulos y vitrinas para la feria, los dos acusados aprobaron y firmaron cuatro facturas en las que fraccionaron el pago.

Para el fiscal, ambos conocían las irregularidades de su actuación, el fraccionamiento del contrato y el incumplimiento del procedimiento legal, lo que hace que demande para cada uno de ellos una pena de siete años de inhabilitación especial para cargo público por un delito de prevaricación.

El caso ha llegado a la Audiencia tras la investigación previa por parte del juzgado de Instrucción 8 en una causa que constituye una pieza separada del denominado 'caso Isjoma'.

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