Sonia Castedo pide la nulidad de las escuchas en el presunto amaño del PGOU de Alicante

La defensa de la exalcaldesa de Alicante por el PP Sonia Castedo ha solicitado este martes la nulidad de las escuchas practicadas y de todos los autos dictados en la instrucción sobre el presunto amaño del Plan Urbanístico (PGOU) de la ciudad, una de las ramas del caso Brugal.

El juicio ha arrancado en la Audiencia Provincial de Alicante con limitación de aforo por la covid-19 y marcado por la decisión del tribunal de aceptar la retractación del constructor considerado principal beneficiario, Enrique Ortiz, que ahora defiende su inocencia después de que el pasado abril llegara a una conformidad con la fiscalía Anticorrupción por la que se declaraba culpable y aceptaba pagar 1,6 millones de multa y 2 años de prisión, con lo que eludía la cárcel.

Los abogados defensores de Castedo, Ignacio Gally y José María Asencio, han argumentado ante el tribunal, durante la exposición de las cuestiones previas, que la exalcaldesa popular quedó en una situación de indefensión y que se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva en las sucesivas autorizaciones de esos pinchazos telefónicos puesto que, según han insistido, se acordaron de manera extemporánea y se prorrogaron sin la motivación que resultaba necesaria.

Esa postura va en la misma línea de lo acordado en otra pieza separada del Brugal, donde el tribunal absolvió a los 34 acusados de las supuestas irregularidades en la contrata de basuras de Orihuela por la invalidez de las escuchas de la Policía Nacional.

En una extensa intervención, los dos letrados han expuesto que durante la instrucción de las diligencias se incurrió en un "fraude procesal" ya que, según Asencio, los supuestos indicios delictivos en la tramitación del PGOU se encontraron "de manera casual" en las escuchas relacionadas con la contrata de la basura.

Ha mantenido que, desde ese momento, la investigación de esos nuevos hechos debió haberse derivado a los juzgados de Alicante, por una cuestión de competencia territorial ya que "la contrata de residuos de Orihuela y la redacción del Plan General de Alicante eran claramente hechos inconexos".

También ha apuntado que la investigación debió quedar en manos del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) desde el momento en que el exalcalde Luis Díaz Alperi, otro de los acusados, fue elegido diputado autonómico y adquirió la condición de aforado, y no años después, como acabó sucediendo.

El letrado de Castedo también ha remarcado que esas conversaciones se captaron "de manera ilícita", por lo que ha sostenido que también debe declararse nulas las pruebas obtenidas a partir de esas grabaciones, como ya se ha acordado en el caso de la sentencia dictada por la sección Séptima de la Audiencia en relación a la causa sobre la contrata de residuos de Orihuela.

Igualmente, ha argumentado que la investigación adoleció de falta de concreción y "especialización" puesto que, a su juicio, no se concretó en ningún momento en qué consistía el tráfico de influencias y el trato de favor que se atribuye a la excalcaldesa respecto al promotor Enrique Ortiz.

"No hay ninguna referencia a ningún delito concreto", ha insistido.

"Se habla de reuniones para entregar documentación sobre el Plan General, pero luego los registros no se practican hasta años después, cuando esa documentación ya es pública", ha recalcado. Así, ha considerado que no se habla de delitos porque no existieron, "salvo que se entienda que todo el Plan General es un delito".

Por su parte, Gally ha abundado, como evidencia de la indefensión de Castedo, que tampoco se le comunicó formalmente el levantamiento del secreto de sumario, acordado en 2011, con lo que no se le concedió el plazo legal de 20 días que resulta preceptivo para que se pusiese al corriente de las actuaciones.

Según ha explicado, esa posibilidad no se le facilitó hasta más de un año después.

Al margen de las cuestiones previas, los abogados defensores de la exalcaldesa han solicitado la incorporación a la causa el sobreseimiento de la investigación sobre el caso Rabasa, otra investigación paralela sobre el plan parcial de ese sector, también derivada de los pinchazos de Brugal, que la Audiencia acabó archivando en el año 2016.

El juicio se retomará el próximo 7 de julio con la exposición de las cuestiones previas del resto de los acusados, al margen de las ya expuestas por Castedo y por el abogado defensor de otros dos acusados: Virgilio Ortiz, hermano del constructor Enrique Ortiz, y Santiago Bernáldez, vinculado a las empresas del promotor.

Su letrado también ha solicitado la nulidad de las escuchas por las que resultaron incriminados.