Susana de la Puente explica por qué los impuestos ambientales se vuelven decisivos en 2025

La banquera de inversión peruana y exvicepresidenta de J.P. Morgan para América Latina, Susana de la Puente Wiese, examina la evolución de la fiscalidad verde como una de las herramientas más influyentes y, al mismo tiempo, más discutidas dentro de las políticas económicas actuales. En un momento en el que la sostenibilidad se ha convertido casi en una condición imprescindible para el desarrollo, los impuestos dejan de ser simples instrumentos recaudatorios para adquirir un nuevo papel como palancas capaces de orientar los modelos productivos hacia un mayor respeto ambiental.

De acuerdo con el análisis de Susana de la Puente, España avanza en la construcción de un marco fiscal coherente con los compromisos europeos derivados del Pacto Verde y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, el debate va mucho más allá de las técnicas tributarias: se centra en determinar si un sistema impositivo puede lograr el equilibrio entre mantener la competitividad económica de las empresas y garantizar una responsabilidad real frente a los retos medioambientales.

El debate sobre la fiscalidad verde en España y en el conjunto de la Unión Europea ya no se plantea únicamente en términos de recaudación, sino desde una perspectiva estratégica. Lo que se discute es la capacidad de las economías para liderar la transición ecológica sin renunciar al crecimiento, el empleo ni la innovación. En este marco, Susana de la Puente estructura su análisis en tres áreas principales: la aceptación social de los tributos ambientales, los desafíos a los que se enfrentan las empresas para cumplir con estas obligaciones fiscales y el papel de Europa como guía de una transición equilibrada y coordinada.

La evolución ciudadana que analiza Susana de la Puente

Susana de la Puente observa una clara evolución en la mentalidad social de España. Según su valoración, el país ha alcanzado una madurez suficiente como para que la ciudadanía respalde de forma mayoritaria la idea de que el sistema fiscal debe ser una herramienta activa contra el cambio climático. No se trata de percepciones aisladas, sino de datos concretos: el 74% de los españoles se muestra favorable a un esquema impositivo que premie a las empresas ambientalmente responsables y penalice a aquellas que generan mayores impactos negativos.

Esta tendencia refleja una conciencia creciente de que el mercado, por sí solo, no logra corregir los desequilibrios ambientales. La sociedad empieza a asumir que los incentivos fiscales pueden desempeñar un papel fundamental como motores de cambio hacia una economía sostenible.

El refuerzo de los tributos ambientales en 2025, entre los que se incluyen el impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables y el nuevo gravamen sobre los residuos urbanos en grandes municipios, representa un avance relevante en la internalización de los costes ecológicos. Sin embargo, para Susana de la Puente el respaldo social no es suficiente por sí mismo: la eficacia real de estos impuestos depende de su diseño. No basta con etiquetar una tasa como “verde” para garantizar que contribuya efectivamente a la protección del entorno.

Además, la pérdida de confianza en los sellos de sostenibilidad —una caída de ocho puntos desde 2019— muestra una ciudadanía cada vez más exigente. La legitimidad de la fiscalidad verdese vincula directamente a la coherencia de las políticas públicas y a la transparencia en su aplicación.

Impacto empresarial de las nuevas obligaciones fiscales

Según Susana de la Puente, la fiscalidad verde debe gestionar un equilibrio complejo entre dos objetivos que a menudo entran en tensión: impulsar la transformación del modelo productivo y preservar la competitividad de las empresas de España en el ámbito internacional. En este sentido, las críticas planteadas por la CEOE parten de problemas reales: exceso de burocracia, lentitud en las devoluciones fiscales y dificultades para aplicar los mecanismos de desgravación pueden convertir lo que debería ser un incentivo en un obstáculo para la actividad empresarial.

La multiplicidad de modelos de declaración y la elevada carga administrativa asociada a estos tributos generan además un efecto desigual. Las grandes compañías disponen de recursos para asumir los costes de cumplimiento, mientras que las pequeñas y medianas empresas, elemento clave del tejido productivo español, se encuentran frecuentemente desbordadas por los trámites. Para la banquera, este desequilibrio pone en riesgo el consenso social que se ha construido alrededor de la fiscalidad verde.

El reto esencial pasa por sustituir un enfoque punitivo por uno claramente incentivador. Los impuestos deben orientar la transición sin frenar la actividad económica. Desde la visión de Susana de la Puente, una política fiscal moderna debe incorporar mecanismos rápidos de compensación para las empresas que apuesten por la innovación sostenible, reducir la burocracia y garantizar que los fondos recaudados se reinviertan en transición energética, modernización industrial y programas de formación vinculados al empleo verde.

Europa marca la pauta regulatoria, según Susana de la Puente

Tal como subraya la exvicepresidenta de J.P. Morgan, el impulso de la fiscalidad verde no puede analizarse al margen del marco europeo. El Pacto Verde establece la orientación hacia la descarbonización y la eficiencia energética en todos los Estados miembros. A pesar de ello, España sigue recaudando por impuestos ambientales un 1,5% del PIB, cifra inferior a la media europea del 2,4%, lo que deja un amplio margen de mejora.

Para Susana de la Puente, el desafío no consiste únicamente en elevar la recaudación, sino en asegurar que los ingresos se destinen a políticas verdaderamente transformadoras: innovación tecnológica, transición energética, educación ambiental y protección de los ecosistemas. El sector público desempeña un papel clave al canalizar la inversión privada hacia objetivos climáticos de largo alcance.

El ejemplo de los países del norte de Europa muestra la importancia de contar con estabilidad normativa y una fuerte coordinación institucional. En contraste, en España persisten dispersión regulatoria y diferencias entre niveles administrativos que complican la aplicación de la fiscalidad verde. Un marco común puede reducir costes y aportar seguridad jurídica tanto para empresas como para consumidores.

Según Susana de la Puente, el horizonte debe ser el de una “fiscalidad verde inteligente”: un sistema que fomente la innovación, reduzca las desigualdades territoriales y fortalezca la competitividad europea.

Un sistema impositivo creado para impulsar la sostenibilidad