Todos los sindicatos de la Administración pide al President la renegociación del Plan de Estabilidad para el personal interino y temporal de la Generalitat

El Decreto 2/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se regula la estructura, composición y normas de funcionamiento de la Mesa General de Negociación I y de la Mesa General de Negociación II de la Generalitat, establece en su artículo 13.1 que “La adopción de acuerdos o pactos podrá realizarse mediante la aceptación de los mismos por la representación de la administración y además por, al menos, el 51 % de la representación de las organizaciones sindicales en la mesa correspondiente.”

En la Mesa Sectorial de la Función Pública Valenciana la presencia de CCOO se reduce a dos miembros, mientras que la UGT tiene cuatro representantes y CSIF e Intersindical disponen cada uno de tres representantes.

El Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, de 29 de marzo de 2017, permite para los procesos de consolidación de empleo temporal e interino una valoración diferenciada que, aunque de libre concurrencia, la puntuación en la fase de concurso, una vez superada la fase de oposición, la experiencia en la Administración convocante se valore de manera diferente a los servicios prestados en otras administraciones públicas o en el sector público.

La consellera Bravo ha decidido, de manera unilateral, romper el pacto estatal con su obcecación por “perseguir” a su propio personal temporal e interino. Desde su acceso al cargo, las políticas en materia de empleo temporal e interino (bolsas de trabajo, carrera profesional, ofertas de empleo…) ha consistido en dar escasas o nulas posibilidades para que este personal pueda consolidar su empleo precario.

A este respecto, cabe reseñar que la enorme temporalidad no es achacable en ningún caso al propio personal afectado, que ha visto como en los últimos 20 años sus posibilidades de presentarse a ofertas de empleo público han sido anuladas como consecuencia de la tasa de reposición de efectivos impuesta por las leyes del Estado.

Ese personal tiene actualmente una media de edad superior a los 50 años, con más de 20 años al servicio de la Administración de la Generalitat.

La Directiva Europea 2000/78/CE, en su artículo 6, ya permitía medidas de discriminación positiva tanto por el concepto de tiempo trabajado en una administración como también por motivos de edad, y así lo puso de manifiesto en el año 2013 el Defensor del Pueblo Andaluz, en relación con las medidas adoptadas para este personal por la Junta de Andalucía.

La consellera Bravo ha presentado este fin de semana, en el Seminari de Govern Castalla-Biar, un plan de ayudas económicas para fomentar el acceso del talento joven a la Administración de la Generalitat, mientras se olvida de fomentar el talento y la experiencia de aquellos que ya están más de 20 años en su administración. La igualdad de trato debería formar parte del programa ético de la consellera Bravo.

La mayoría absoluta sindical de la Administración Pública Valenciana reclamamos el amparo del President Puig frente a las actitudes de la consellera Bravo y le solicitamos su mediación de manera que pueda alcanzarse un acuerdo en materia de estabilidad del empleo temporal e interino, al igual que ha sucedido en el resto de comunidades autónomas.