La Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social,
Participación y Cooperación ha publicado este lunes un informe en el que
analiza en doce puntos los principios reguladores básicos a tener en
cuenta de cara a la creación de la Agencia de Prevención y Lucha contra
el Fraude y la Corrupción, organismo contemplado en el Pacto del Botánic
cuya creación impulsarán los grupos parlamentarios en Les Corts.
Este
informe de trabajo ha sido enviado a todos los grupos políticos con
representación en Les Corts y publicado en la web de la Conselleria de
Transparencia (http://www.transparencia.gva.es).
La primera
propuesta de la Conselleria es que en la creación de la Agencia se
articulen los mecanismos necesarios para asegurar la independencia del
organismo respecto de las Administraciones públicas, del resto de
instituciones y de los grupos de interés en el ejercicio de sus
funciones, por lo que su naturaleza jurídica que garantice su autonomía
orgánica y funcional.
Las funciones de la Agencia irán
desde la elaboración de informes y recomendaciones, el impulso de buenas
prácticas, la colaboración en la formación en materia de prevención de
la corrupción y la investigación de casos concretos en el ámbito de
actuación de la Agencia.
Partiendo de esta independencia,
deberían establecer unas bases de colaboración y cooperación activa con
la Administración de la Generalitat, especialmente con la Intervención
General de la Generalitat, la Inspección de Servicios, Les Corts, con
las instituciones de relevancia estatutaria, con los entes locales y con
el poder judicial, el Ministerio Fiscal, la policía judicial y otros
organismos u organizaciones de prevención y lucha contra el fraude de
ámbito estatal o europeo, como el Servicio Nacional de Coordinación
Antifraude y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.
Remarcando
la autonomía de la Agencia, el informe apuesta también por una
dirección independiente con mandatos no renovables de entre cinco y
siete años que no coincidan con el periodo de la legislatura para evitar
que se vea afectada por los ciclos políticos. Para la elección del
director o directora propone que se apruebe en Les Corts con una mayoría
cualificada que asegure un amplio consenso entre los grupos
parlamentarios.
Respecto al ámbito de actuación, el informe
sugiere que incluya a la Administración de la Generalitat y su sector
público instrumental; a las universidades públicas valencianas; las
entidades integrantes de la Administración local; las corporaciones de
derecho público en lo relativo a sus actuaciones sujetas a derecho
administrativo y las asociaciones constituidas por las administraciones
públicas, organismos y entidades mencionados.
Asimismo,
entiende que debería incluir las actividades de personas físicas y
jurídicas concesionarias de servicios o perceptoras de subvenciones
públicas, así como las actividades de contratistas y subcontratistas que
ejecuten obras de las administraciones y de las entidades del sector
público instrumental de la Generalitat, o que tengan atribuida la
gestión o ejecución de servicios u obras obras públicas.
Respecto
a las potestades de investigación o inspección, considera que la
Agencia pueda acceder a cualquier información que esté en poder de los
órganos y organismos públicos o las personas físicas o jurídicas
incluidas en su ámbito de actuación, con pleno respeto a los derechos de
los ciudadanos y ciudadanas. En el caso de los particulares, esta
potestad sólo alcanzaría a las actividades relacionadas con los
contratos y las ayudas públicas que sean objeto de investigación. Para
el desarrollo eficaz de las investigaciones se puede contemplar que
algunos de los empleados públicos de la Agencia tengan la condición de
autoridad pública.
En cuanto a la forma de actuación en las
investigaciones, la Agencia debería poder acordar de oficio el inicio
de una investigación cuando tenga información sospechosa de que se ha
incurrido en fraude, corrupción u otra situación susceptible de
investigación.
Además, la Conselleria de Transparencia
propone que cualquier persona pueda dirigirse a la Agencia para
comunicar indicios de actos de corrupción, prácticas fraudulentas o
conductas ilegales susceptibles de investigación. Para una mayor
accesibilidad entiende que habría que incorporar un buzón especial de
denuncias en los portales web de la Generalitat. Asimismo, se deberá
establecer un sistema que garantice la protección efectiva de la persona
denunciante, especialmente en el caso de los empleados públicos con el
fin de evitar el riesgo de represalias.
En el caso de que
la Agencia tuviera conocimiento de situaciones para la investigación de
las cuales carezca de competencias, trasladaría inmediatamente toda la
información de la que disponga sobre los hechos a la institución u
organismo interesado para que adopte las medidas adecuadas.
El
informe incorpora también otras propuestas sobre cómo estructurar las
funciones de la Agencia, sus relaciones con el Consell, Les Corts y la
Sindicatura de Greuges y otros aspectos con los que la Conselleria de
Transparencia espera contribuir a lograr un mecanismo ágil y eficaz para
evitar situaciones de fraude, corrupción o malas prácticas en el
funcionamiento de las instituciones y organismos públicos valencianos
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