Tres cárceles valencianas dudan si tras de las bajas médicas hay una huelga encubierta

Fuentes penitenciarias han informado a Efe que desde la Secretaría General se ha enviado un escrito a los centros penitenciarios para que, a su vez, se remitieran hoy a las fiscalías provinciales.

Dicho escrito, al que ha tenido acceso Efe, explica que desde el pasado viernes se "ha constatado una inusual ausencia de personal funcionario" en turnos de mañana, tarde y noche, lo que ha generado "problemas muy graves de funcionamiento" en los servicios que se prestan en las prisiones.

Las cárceles afectadas han tenido que reordenar sus servicios interiores y han doblado turnos de determinados efectivos, según Reglamento, por lo que serán compensados con días y retribuciones.

Según Prisiones, en algunos casos esa huelga encubierta ha obligado a suspender las comunicaciones de los internos y en otros los directores han tenido que suspender las vacaciones hasta que se regularice la situación.
Las fuentes han precisado que gracias a los que han seguido trabajando, no ha habido que lamentar incidentes graves en el interior de las prisiones.

Hasta ahora, las cárceles que se han dirigido a las Fiscalías son las de Puerto I y Puerto III (Cádiz); Albolote (Granada); Picassent (Valencia), Alicante I y Alicante II; Murcia II; A Lama (Pontevedra); Dueñas (Palencia); Daroca y Zuera (Zaragoza).

Además de adjuntar la relación de funcionarios que, alegando razones de salud, no han acudido a trabajar, las cárceles remiten a la Fiscalía también un comunicado firmado por los sindicatos y fechado el 29 de noviembre en el que se anuncia la celebración en diciembre de "una semana de la salud" para denunciar sus condiciones sociolaborales.

Prisiones entiende que este comunicado y las bajas por enfermedad puedan estar relacionadas y, por tanto, constituir un delito de abandono de destino contemplado en el artículo 409 del Código Penal que pide investigar cada prisión a la Fiscalía y en el que podrían haber incurrido tanto los responsables sindicales como los funcionarios.

En el caso de los primeros, por "promover, dirigir u organizar el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público", lo que será castigado con la pena de multa de ocho a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
Mientras, con pena de multa de ocho a doce meses se castigará, dice ley, a autoridades o funcionarios públicos que meramente tomaren parte en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio de éste o de la comunidad.

En el escrito, las once cárceles comunican a la Fiscalía que las delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno están al corriente de los hechos y junto con ellas se han emprendido actuaciones para comprobar si las bajas médicas responden o no a circunstancias reales de enfermedad y, en su caso, "si dichas bajas podrían ser documentadas y justificadas".