En enero del pasado año 2019 se aprobaba el Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación, una propuesta con la que el Gobierno pretende relajar la carga de trabajo que actualmente existe en los juzgados. Todo parece indicar que haciendo obligatorio el hecho de recurrir a la mediación antes de iniciar un procedimiento judicial se conseguirá resolver un gran número de asuntos sin tener que llegar a los tribunales. Algo que, sin duda, supondrá un alivio especialmente para los casos relacionados con el Derecho de Familia.
Como abogada especialista en este área, Elena Crespo cree que se trata de una decisión muy acertada, porque es una medida con efectos positivos para todas las partes. Con la mediación en general, y la mediación familiar en particular, “las personas implicadas toman parte en su propia decisión y asumen una responsabilidad al respecto, al tiempo que el sistema judicial ve relajada su carga y puede dedicarse a casos realmente complejos con mayor detalle”, asegura.
Pero las ventajas de la mediación familiar van más allá. Hay que tener en cuenta que las decisiones judiciales, aunque son de obligado cumplimiento, pueden no resultar del agrado de ninguna de las partes. Con este instrumento, según la abogada de familia, “se negocia punto por punto y se alcanza un acuerdo que no deja nada al azar y que es verdaderamente fruto del compromiso de todos los implicados”. De esta forma, se reducen las posibilidades de que cualquiera de ellos incumpla el acuerdo o acuda de nuevo a la justicia para modificarlo.
Además, la mediación es capaz de resolver conflictos “de una forma mucho más cercana, amistosa y conciliadora”, añade Elena Crespo. De hecho, su utilidad es tal que es ya una vía obligatoria en algunos asuntos legales que habitualmente son menos complejos que los conflictos familiares, como señala la Ley 5/2012 de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles.
¿Por qué no, entonces, imponer siempre su aplicación como fase previa a la vía judicial en todos los casos? Prácticamente nadie duda de sus múltiples beneficios, sobre todo en una esfera tan íntima como la de la familia. En opinión de Elena Crespo, tener que recurrir de forma obligatoria a la mediación familiar es altamente recomendable siempre, pero mucho más “cuando nos encontramos en una situación de divorcio o separación con hijos en común”.
EL PAPEL DEL MEDIADOR FAMILIAR
Pueden convertirse en mediadores de familia perfiles muy diversos. Actualmente, lo son abogados, psicólogos, trabajadores sociales... Y con la nueva ley que propone el Gobierno se pretende que su cualificación profesional esté ciertamente garantizada. Entre otras medidas, se establece la obligatoriedad de inscribirse en el Registro de Mediadores, dependiente del Ministerio de Justicia, y de recibir formación en igualdad y detección de violencia de género.
Y es que su papel va mucho más allá del de un mero intermediario. Tal y como asevera Crespo, “un buen mediador familiar ha de tener formación legal y conocer cuáles son los pasos y límites que marca la ley, pero también debe contar con un perfil muy completo y multidisciplinar, que incluya nociones de psicología y cualidades personales como la empatía, la capacidad de escucha, la paciencia y la neutralidad”.
Veremos si finalmente termina por convertirse en una realidad este anteproyecto de ley, que supondría un impulso definitivo de la mediación como figura fundamental para la resolución de conflictos de forma amistosa. Si es así, habrá que esperar todavía tres años más tras su aprobación en el BOE (Boletín Oficial del Estado) para que entre en vigor de forma efectiva. Un plazo que se determina suficiente para adaptarse al reglamento y para dotar de mediadores a todos los partidos judiciales.