UGT-PV
critica el proceso de implantación, y la escasa repercusión del Plan de
Garantía Juvenil en nuestro país; ya que considera que este Plan se ha
gestionado de manera parcial, sin contar con la participación de los agentes
sociales y sin facilitar el acceso a
jóvenes y empresas, perpetuando, así, la precariedad laboral.
Y
es que ante la grave situación de desempleo juvenil en Europa, y especialmente
en países como España, la UE aprobó un presupuesto de 6.000 millones de € para ofrecer experiencias laborales, formación o cursos de reciclado a
personas jóvenes que habían perdido su empleo o que habían concluido su
paso por el sistema educativo formal.
Esto
se tradujo en nuestro país en la implantación del Plan Nacional de Garantía
Juvenil, que se enmarcó en la Estrategia de Emprendimiento Joven, aprobada en
2013 por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y ratificada por el Consejo
de Ministros en julio de 2014 con la implantación Sistema de Garantía Juvenil
bajo la Ley 18/2014, de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad
y la eficiencia. Pero aquí, el principio central de la Garantía Juvenil de
garantizar la igualdad de oportunidades para la juventud en el mercado laboral,
choca abiertamente con la segmentación del mismo, que excluye a los jóvenes y a
las personas menos formadas, condenándolas a la precariedad o al desempleo.
Otra
cuestión es que el Plan Nacional para la Implantación de la Garantía Juvenil se
basa en la Estrategia de Empleo y Emprendimiento Joven, pero el marco legal de
esta incluye una Reforma Laboral, a la que UGT se ha opuesto y cuyos efectos
negativos sobre el empleo viene denunciando desde sus orígenes, dadas sus políticas
de ajuste que frenan el crecimiento económico y que han implicado el aumento de
contratos temporales y a tiempo parcial.
Además,
por su parte, los datos de la EPA confirman como las medidas de mejora del
empleo precarizan las relaciones laborales en la juventud; ya que por ejemplo,
durante el primer trimestre de 2015, la contratación de jóvenes menores de 29 años ha supuesto el 52% de los
contratos, mientras que la contratación indefinida ha supuesto un 48% de la
contratación para este colectivo; produciendo así, una división de nuestro
mercado laboral que ni es óptima en términos económicos ni justa, pues crea
condiciones de trabajo desiguales que repercuten en el grado de protección
social de los jóvenes; dado que sus menores periodos de cotización, por
ejemplo, repercutirán en la bajada de las prestaciones por desempleo o en los
periodos de carencia que resultarán insuficientes para acceder a una pensión
digna en el futuro.
Y
ahí nos encontramos además, con que se fomentan las bonificaciones a empresas
sin que estas garanticen la estabilidad laboral posterior a los trabajadores y
trabajadora beneficiarios de este programa, ya que únicamente se les exige
mantener el empleo durante 6 meses. Eso, sumado a las graves dificultades de intermediación
laboral y desconocimiento, dada la escasez de recursos de los servicios
públicos de empleo encargados de gestionarla, hacen que este plan no sea
efectivo.
En
definitiva, UGT PV considera que para que la Garantía Juvenil funcione se
necesita: Compromiso empresarial de contratar a un porcentaje de jóvenes que
participen de las distintas medidas (2% de la plantilla), especialmente cuando
la mayoría de las acciones están bonificadas; y Mejora del modelo de economía, que
estimule actividades de alto valor añadido, investigación e innovación.
Por
ello exigimos que se modifiquen los requisitos de acceso y las modalidades de
contratación e incentivación, a través del diálogo social; que se dote de las
herramientas necesarias a los organismos que la han de gestionar; y que dicho
plan se complemente con políticas activas de empleo de calidad que permitan la
integración social de los y las trabajadores jóvenes.
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