El próximo jueves 13 de febrero, CCOO-PV y
UGT-PV han convocado concentraciones en las tres capitales de provincia, coincidiendo
con las movilizaciones que se realizarán en las principales ciudades de España,
para exigir que el FOGASA (Fondo de Garantía Salarial) pague las prestaciones
atrasadas a miles de parados que están en una situación límite por los impagos
de este organismo. Y es que en la Comunitat Valenciana la situación es
especialmente grave ya que de los más de 180.000 expedientes sin resolver en
toda España, 32.000 pertenecen a nuestra autonomía, algunos de los cuales
llevan más de dos años de retraso, lo que supone multiplicar por ocho el plazo
legal de tres meses que marca el propio reglamento del FOGASA.
La misión fundamental de este organismo es
el abono a los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena de parte de los
créditos salariales e indemnizaciones pendientes de pago, por declaración de
insolvencia o concurso de acreedores. Es decir, vienen a cubrir los impagos de
demasiados empresarios sin escrúpulos que desaparecen sin pagar sus deudas con
plantilla y proveedores.
De esta manera, la confluencia de la codicia
empresarial y la ineficacia de la administración está llevando a miles de
familias valencianas a una situación insostenible y dramática, mientras que la
externalización de la gestión de la empresa por parte de la Administración ha
agravado más la situación: sus trabajadores no gestionan los expedientes, no
dan información, y no se les da formación alguna para ello, sin que exista
ninguna actuación que permita normalizar el cobro de la prestación a favor de
los solicitantes.
UGT y CCOO han presentado un Plan
alternativo cuyas medidas no han sido tenidas en cuenta para alcanzar una
solución global y definitiva que permita, en un plazo razonable, alcanzar unos
niveles de gestión adecuados. La plantilla del FOGASA, sus condiciones
laborales, y el número de empleados son completamente inadecuados, y no se
están cubriendo los puestos de trabajo vacantes. La saturación es tal, que ni
se comparece en los procedimientos judiciales, laborales y concursales, ni se
contesta a los emplazamientos en los mismos.
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