Vista general de la Ciudad de la Justicia de València. EFE/Ana Escobar/Archivo
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia juzga este martes a un abogado valenciano que se enfrenta a una petición de condena de 4 años por quedarse con el dinero de una clienta sin hacer gestión alguna y falsificar una providencia judicial.
Según detalla el fiscal en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, la clienta acudió a este letrado tras ser arrollada por un coche cuando circulaba en bicicleta el 7 de mayo de 2019 en València.
La mujer contrató al procesado, abogado colegiado en Valencia, de 43 años, para que reclamara una indemnización y le abonó un total de 1.450 euros.
Este letrado informó a su clienta de que el importe a reclamar a la aseguradora del vehículo que la arrolló, a la vista de los informes médicos de las lesiones sufridas, ascendería a cerca de 24.000 euros.
En noviembre de 2019 la aseguradora emitió una oferta sin renuncia de acciones por importa de 9.700 euros a favor de la mujer e informó por certificado electrónico tanto a la víctima como al letrado, que "se comprometió a efectuar las gestiones pertinentes para hacer efectivo ese abono e interponer una demanda para reclamar el resto de la indemnización, pero no realizó ninguna gestión", explica el fiscal.
Ante la pasividad del acusado, la aseguradora se puso en contacto directo con la víctima del atropello, que a su vez volvió a insistir a su letrado para que hiciese las gestiones pertinentes, pero finalmente el plazo de prescripción de un año venció y perdió la posibilidad de cobrar los 9.700 euros y la de reclamar nada más.
Pese a no haber entablado ninguna actuación judicial, el acusado simuló la pendencia de un proceso judicial, para lo cual confeccionó una supuesta providencia de un juzgado valenciano cuyo código electrónico de verificación delató como falsa.
En consecuencia, el fiscal reclama para este letrado una pena de dos años de prisión por falsificación de documento público, otros dos años por apropiación indebida en su modalidad continuada, multa de 6.000 euros e inhabilitación por dos años.
En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público pide al procesado que devuelva los 1.450 euros que le pagó su clienta, la suma de 9.700 euros por daño patrimonial y 1.000 euros por daños morales.
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