Music Port Fest. EPDA El equipo de gobierno formado por Compromís, EU y PSOE se saltó en la legislatura anterior de manera flagrante la ley, al pactar de forma verbal la organización del Music Port Festival, comprometiéndose a un montante importante de dinero fuera de los cauces legales. Con informe en contra del secretario, el festival se celebró sin las garantías legales mínimas, un empastre en definitiva que, en palabras de Raúl Castillo, concejal de Ciudadanos, se debió a que ‘‘había interés en empujar un festival organizado por empresas vinculadas a Compromís’’. Finalmente, una sentencia ha condenado al Consistorio a pagar 151.250 euros por la mala praxis del gobierno municipal.
Así lo recoge la sentencia 15/20 del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Valencia, que resuelve favorablemente el procedimiento ordinario 538/18 interpuesto por Avant Pro Event Solutions SL, que organizó la primera edición del Music Port Fest, en la explanada de la Nave de Talleres, junto al Horno Alto, con apenas 8.000 personas durante los días que duró dicho festival.
La historia se remonta al acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 3 de agosto de 2018, que rechazó las cuatro facturas presentadas por los organizadores por importe total que asciende a 205.700 euros.
Los demandantes sostienen que ‘‘tras diversas reuniones por parte de asesores del alcalde (Quico Fernández, en ese momento), la concejala de Presidencia (Teresa Garcia, a la vez diputada y hoy directora general por Compromís en el Gobierno valenciano), con uno de los administradores de la mercantil actora, acordaron verbalmente la organización de un festivalde música en el entorno de ubicación de los antiguos Altos Hornos del Mediterráneo, con el compromiso también verbal, de abonar por anticipado para la contratación de los artistas, el importe de 205.700 euros a la mercantil’’. Según recoge la sentencia, ‘‘el desglose de costes comprende dos grupos de artistas, 21.175 y 24.200 euros respectivamente; 9.075 otros grupos, preproducción, comunicación y fesitas de presentación del evento, 54.450 euros, ambulancias, seguridad e infraestructuras 96.800 euros’’.
La semana previa a celebrarse, tuvo lugar otra reunión a que concurrieron los representantes de la empresa, el letrado, el alcalde, la concejala y la jefa de Gabinete de Alcaldía. ‘‘Ante la advertencia de suspensión, el alcalde manifestó que por la Junta de Gobierno Local se había aprobado ese día el pago de las facturas y durante la semana siguiente se abonarían, lo cual no tuvo lugar’’. El festival finalmente se celebró, habiendo recibido tan sólo el abono de 54.450 euros.
Raúl Castillo, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sagunt y uno de los que más ha alzado la voz para denunciar este caso, afirma que todo este proceso ha sido un “paripé”, una forma de “regularizar una situación que era ilegal” y en la que estaban implicados todos los miembros de la Junta de Gobierno, en aquel momento encabezada por el alcalde Quico Fernández. Según Castillo, el Ayuntamiento quiso eludir los cauces legales para poder organizar de manera rápida el festival, sin necesidad de aprobar un estudio previo. Además, añade que “parece que había interés en empujar un festival organizado por empresas vinculadas a Compromís”.
Encargo verbal probado
En la junta de gobierno del pasado 7 de febrero, se recoge parte de la sentencia: ‘‘En cuanto al fondo, lo estima por considerar que, de la prueba practicada, ha resultado acreditado que en ausencia de expediente de contratación, se encargó la organización del festival de música, comprometiéndose también, verbalmente, al pago de la cifra reclamada. No está documentada ni la necesidad, ni la idoneidad de la contratación, ni se trata de un contrato menor, pudiendo, no obstante, recaer en el alcalde la competencia como órgano de contratación, existe una apariencia de encargo (...) por lo que reconoce el derecho de la actora al abono de lo reclamado’’.
El Periódico de Aquí ha intentado recabar la versión de Teresa Garcia, impulsora de este festival en la capital del Camp de Morvedre.
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