Un estudio valenciano concluye que mejorar la precariedad reduciría un 80% los problemas de salud mental

La Universitat de València (UV), en colaboración con el sindicato UGT del País Valencià, ha realizado un estudio sobre Salud Mental y la Prevención de Riesgos Laborales que concluye que la regulación de los ritmos laborales y la precariedad laboral podría contribuir a reducir entre un 60 y un 80 % los casos de mala salud laboral.

El profesor Adrián Todolí explica que "legislación actual obliga a las empresas a cuidar la salud mental de sus trabajadores, sin embargo, por razones culturales e históricas esta obligación les era poco exigida. Esto está cambiando y las nuevas generaciones exigen cada vez más ambientes laborales sanos y eso está empujando a todas las empresas a revisar su clima laboral".

En un comunicado, añade que "adicionalmente, también las instituciones y administraciones públicas están incrementando la relevancia de las acciones que protegen la salud mental en el trabajo".

"Por ejemplo, tradicionalmente gran parte de incapacidades temporales por salud mental se consideran enfermedad común, cuando realmente responden a situaciones directamente relacionadas con el trabajo. La Inspección de trabajo y los Tribunales están modificando esta situación, mediante la fijación de criterios claros para determinar cuando se está ante una situación causada por el trabajo y derivando la responsabilidad a la empresa".

Como datos de partida en esta investigación se ha considerado que el 25 % de los trabajadores europeos padece estrés laboral excesivo y el 51 % de la Unión Europea aseguran que el estrés es habitual en su puesto de trabajo.

A ello se le añade que entre el 17 % y el 27 % de las personas sufre ansiedad en el trabajo y un 47 % reconoce estar expuestos a factores de riesgo para su bienestar mental en su empleo.

La salud mental es considerada como una enfermedad común y no como accidente de trabajo. Convertir en accidente laboral este tipo de dolencias es una de las reivindicaciones de este informe que asegura que el 15 % de los días de baja en 2021 correspondieron a trastornos de salud mental y del comportamiento, afectando en mayor porcentaje a mujeres (17,09 %) que a los hombres (12,42 %).

De partida, el informe también resalta que la prevalencia del 'mobbing' o acoso laboral en España es del 14 %.

Por ello, Todolí explica la importancia de "establecer alertadores que detecten los problemas de salud mental antes de su aparición: Muchas veces los signos están ahí y los vemos, pero no hacemos nada al respecto".

Por ello, plantea que existan "diferentes herramientas y posibilidades para poner el foco en la prevención de los problemas. Es necesario tener más psicólogos en los centros de salud. Pero no solo eso, sino también evitar que esa persona acabe necesitando un psicólogo".

Por su parte, la Secretaria de Salud Laboral de UGT Ana García de la Torre ha destacado que “ya nadie duda que el trabajo es uno de los ámbitos que en mayor medida afecta a la salud física y mental de las personas. Cuando el trabajo no está bien organizado, la exposición a riesgos psicosociales puede tener efectos negativos sobre la salud mental y el bienestar de las personas que trabajan”.

"Las personas trabajadoras están sufriendo las consecuencias de una deficiente gestión de los riesgos psicosociales y organizativos", y a este respecto Ana García ha mencionado que “se están gestionando riesgos del siglo XXI con un sistema del siglo XX, por lo que es importante avanzar y adaptarse a la nueva realidad del mundo del trabajo de forma urgente”.

Por ello, UGT reclama una actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales así como la actualización del Listado de Enfermedades Profesionales Español, para que sean incluidas las patologías derivadas de la exposición a riesgos psicosociales de origen laboral.

Asimismo, se pide un cambio en la definición de la enfermedad profesional, en el sentido de que se considere como suficiente que el trabajo sea la causa prevalente de la enfermedad, en lugar de la causa exclusiva, tal y como ahora se recoge en la legislación.