Un informe de Urbanismo de Sagunto pide a la Generalitat que devuelva a los terrenos del Malecón el uso hotelero y terciario del año 1989 para evitar pagar 100 millones a Prosagunsa

Tras las vacaciones, el Ayuntamiento de Sagunto tiene sobre la mesa un asunto de crucial importancia para las arcas municipales y, por tanto, para los vecinos: la sentencia que ganó Prosagunsa a la Demarcación de Costas -pertenenciente al Gobierno central- el 30 de junio y que podría suponer un desembolso de 100 millones que es la cantidad que reclama la empresa por no haber podido hacer uso de los terrenos del Malecón al considerar Costas a finales de los 80 que estaban dentro del dominio público marítimo terrestre. Para buscar la solución más favorable a los intereses de la ciudad, el departamento de Urbanismo del Consistorio ha realizado un informe de  36 folios, que será analizado por los distintos grupos municipales en la comisión informativa del jueves, para votarse en el pleno ordinario que se celebrará la próxima semana.

En el informe al que ha tenido acceso El Periódico de Aquí -se ampliará la información en su edición impresa del viernes 12 de septiembre con las novedades que se vayan produciendo hasta entonces-, se propone al pleno del Ayuntamiento proponer a la Conselleria de Territorio los siguientes acuerdos: ''que considere en fase de instrucción, pendiente exclusivamente de aprobación definitiva autonómica, la ordenación para dichos terrenos prevista en los acuerdos municipales de noviembre de 1989 y diciembre de 1990; segundo, que la Conselleria deje sin efecto la actual calificación/clasificación de los terrenos (...) clasificación del suelo, Suelo No Urbanizable de especial protección ex lege); tercero, aportar a la Conselleria de Territorio la resolución de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por delegación de la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de 30 de junio del 2014 e instar a dicha administración autonómica a la aprobación definitiva de la solución urbanística que le fue sometida a consideración en noviembre de 1989 y diciembre de 1990, que obra en sus archivos y que fue bloqueada por informe de la Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 17-4-1991; cuarto, que en las actuales circunstancias se considere por la Conselleria innecesario el inicio de un nuevo procedimiento de cambio o modificación de planeamiento urbanístico, dado que la resolución del director general de 30-6-14 supone un desbloqueo de los reparos estatales suscitados en la tramitación municipal desarrollada en su momento con todas las decisiones municipales procedentes ya adoptadas, y que es la que debe tener continuación sobre un suelo que en el PGOU que se estaba revisando tenía la clasificación de suelo urbano''.

Paralelamente a la iniciativa del pleno municipal, fuentes municipales han explicado a este rotativo que el Ayuntamiento ha iniciado accciones judiciales contra Costas por el deslinde que realizó en un primer momento y que ahora ha reconocido que era incorrecto.

Toda esta polémica, que se ha prolongado durante más de 25 años. El Malecón de Menera era suelo urbano en 1981, pero en 1989 el Consistorio comenzó a revisar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que sería aprobado definitivamente en 1992. Tras someterlo a información pública, se añadió la calificació de zona hotelera y terciaria ''y no residencial como pedían los que decían ser sus propietarios'', añaden fuentes municipales. Tras el trámite municipal, el Ayuntamiento somete a información de otras administraciones -la Generalitat y Costas, dependiente del Gobierno central- el PGOU. Costas informó negativamente en tres ocasiones al entender que los terrenos estaban dentro del dominio público marítimo terrestre, bloqueando la propuesta municipal.

La Conselleria de Territorio que es la que tiene competencia definitiva para la aprobación del PGOU conmina al Ayuntamiento a acatar lo que dice Costas. ''Ahora, con fecha 30 de junio, el Estado declara, en ejecución de sentencia, que los terrenos no son del dominio público marítimo terrestre, manifestación diametralmente opuesta a lo que dijo hace 25 años''.

En 2003-04 Prosagunsa comenzó un pleito de expropiación de los terrenos, que perdió, una situación que se repitió en 2006 cuando se enfrentó al Ayuntamiento. Después acudió a la vía del contencioso administrativo, esta vez contra el Estado, que también perdió, pero tuvo más suerte cuando acudió a la vía civil en 2010.

''El Ayuntamiento siempre ha dicho que no era responsable, que consideraba el terreno como suelo urbano y que fue el Estado quien dijo que era dominio público terrestre y después, donde dije digo, digo Diego. En 2013 reconoce Costas que es privado, lo contrario que hace 25 años, en sentencia judicial que se está ejecutando. Ahora el Ayuntamiento debe reaccionar. No puede excluir la construcción ni la edificación. Debe ser consecuente con la sentencia o podría incurrir en responsabilidad de discriminación patrimonial, asumiendo las consecuencias de impedir desarrollar los derechos a los propietarios de los terrenos''.

En definitiva, que el Consistorio ha cumplido siempre la ley y, por tanto, cualquier responsabilidad derivada de la sentencia es atribuible a Costas y, por tanto, al Gobierno central.