Hace unas
semanas era la fiscalía provincial de Valencia la que trasladaba el
asunto al juzgado de Torrent, ya que según afirma textualmente la
fiscalía “se ponen en conocimiento la existencia de determinadas
irregularidades en el procedimiento de contratación para el
suministro de vestuario de la plantilla de Policía Local”, e
instaba al juzgado de Torrent a “incoar el oportuno procedimiento
penal”.
A raíz
del requerimiento de la fiscalía el juzgado de Torrent ha abierto
diligencias previas de investigación penal al Ayuntamiento de
Torrent, ante este nuevo escenario judicial los populares han
presentado nueva documentación que deja patente “que el
ayuntamiento nunca estuvo autorizado a incumplir la ley autonómica
en la uniformidad, de forma que presuntamente se beneficiaria a una
firma en concreto, no olvidemos que han jugado con 205.000 euros de
los torrentinos”
Esta noticia coincide con la fase de
contactos entre los diferentes partidos previa a las conclusiones de
la comisión de investigación, según diferentes informaciones los
socialistas no estarían dispuestos a asumir ninguna responsabilidad
política en este caso, al contrario que los populares quienes dejan
clara su postura:
“Si
un gobierno incumple la ley, sigue adelante con una contratación a
pesar de las advertencias de la Generalitat, de sindicatos y grupos
políticos tanto del Ayuntamiento como de las Cortes y adjudica sin
la autorización del órgano competente, la cosa está clara, ese
gobierno es responsable de sus actos, y debe rendir cuentas”
Según
los populares existen claras irregularidades que implicarían a más
de una persona de la Junta de Gobierno, “desde
informes jurídicos de ilegalidad, actas de mesas de contratación
que no se tienen en cuenta, actas de reuniones de la Generalitat que
acusan al ayuntamiento de utilizarla de cortapisas para validar cosas
que no se pueden validar, y hasta declaraciones de la Consellera de
justicia de la Generalitat admitiendo las irregularidades de Torrent”
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