Un país en la mochila y una multa de 1.200 euros

Leopoldo Bonías

José Antonio Labordeta protagonizó una conocida serie televisiva en la que participaba a su vez como guionista titulada Un país en la mochila. Los episodios nos acercaban a las diferentes tierras de la geografía española y personajes autóctonos explicaban sus costumbres y sus actividades bajo la atenta mirada del también cantautor. 

Labordeta, además, nos mostraba todos los detalles que rodeaban a las comarcas que visitaba con un gran espíritu didáctico acompañando con ingeniosas frases sus descripciones que no sólo hacían mas amenas e instructivas sus explicaciones, sino que nos permitían reflexionar sobre los comentarios con las que las aderezaba.

Así, recuerdo que en una ocasión cuando se encontraba en un pueblo que antaño tuvo su auge con la minería y el narrador aragonés explicaba su despoblación con el cierre de las canteras. Se detuvo frente a un magnífico colegio allí construido para después de explicar la única presencia de poco más de una decena de niños cursando estudios en el mismo. 

Y es que – decía Labordeta - se aprobó la construcción en plena efervescencia del sector minero en la comarca en una época donde no era raro encontrar familias con más de cuatro vástagos. 

Sin embargo, con el cierre de las minas y la salida masiva de familias de la zona, la construcción de tan gran colegio público ya no tenía sentido pero la Administración ya había iniciado su ejecución e innecesariamente terminó su construcción según el proyecto adjudicado. José Antonio Labordeta concluía cariacontecido con una lapidaria frase; “Y es que los actos de la Administración son imparables por muy absurdos que sean”.

La semana pasada me encontré a un amigo preocupado porque se hallaba en una situación que me hizo recordar la escena del colegio sin apenas alumnos de Labordeta. 

Me cuenta que se había presentado el cartero del pueblo en el que vive y le había diligenciado una notificación por la que se le incoaba expediente sancionador por no identificar al conductor en una infracción cometida con el vehículo de su propiedad con propuesta de sanción de 1.200 euros. 

No sabía nada del asunto hasta recibir el comunicado y se personó en el Ayuntamiento de Valencia para ver el expediente y me rogó le acompañase. Resulta que había sido denunciado con una multa que de haber tenido conocimiento de la misma hubiera zanjado el asunto abonando 200 euros en periodo voluntario. 

Una empresa contratada por el ayuntamiento no pudo hacerle la notificación para que identificase al conductor de la infracción con multa de 200 euros en el domicilio donde vive. Todo el pueblo sabe que en el piso de arriba vive su abuela y en la puerta de enfrente su tía. 

Al estar ausente, se publicó la notificación en el diario oficial y se consideró notificado. Evidentemente, el pobre no tuvo conocimiento de la publicación y no identificó al conductor ignorante de la comisión de infracción alguna. 

Una vez se anula la sanción que origina el procedimiento administrativo, se procede a incoarle otro por no identificar al conductor de su vehículo donde la multa es ya de 1.200 euros y ahora sí se notifica correctamente. Sorprendentemente la empresa contratada por el ayuntamiento utiliza el Servicio de Correos y es ahora el funcionario de la oficina postal el que sin ningún problema hace la notificación. 

El cartero del pueblo conoce los vecinos y sus familiares y sabe hacer bien su trabajo. Lo que se podía haber resuelto pagando 200 euros le va a costar al afectado 1.200 euros porque el procedimiento administrativo es correcto y conforme a lo establecido en la ley. 

Este ciudadano multado ahora con 1.200 euros sí que lleva la Administración de un país en la mochila. En fin, crucemos los dedos y esperemos nunca nosotros sufrir una situación análoga a la que todos estamos expuestos, porque como bien decía Labordeta, “los actos de la Administración son imparables por muy absurdos que sean”.