El Consejo de Ministros del pasado 26 de Julio aprobó, finalmente, el
Anteproyecto de “Ley para la racionalización y la sostenibilidad de la
Administración Local”, después de un año y medio con propuestas contradictorias
y con ocurrencias de última hora.
Tal documento, ya en trámite parlamentario,
pretende, desde el gobierno central, modificar radicalmente otro ámbito
competencial diferente, el local, sin contar con este ni con la administración
autonómica, que tiene en muchos casos las competencias en exclusiva en materia
de régimen local. En dicho informe se establecen las líneas principales de lo
que supone la demolición del modelo de gestión pública que se inició en España
con los Ayuntamientos democráticos desde 1979 y que ha supuesto un avance en el
desarrollo municipal. En lugar de ello, se procede a un desmantelamiento
controlado hacia un modelo centralizador y de pulsión autoritaria del actual
gobierno del PP.
La denominada reforma de la administración local no
es una reforma: es una demolición,
consiguiendo por ello, que todos los grupos políticos con representación en el
Parlamento Español a excepción del PP, así como la Federación Española de
Entidades Locales Menores se hayan
mostrado en contra del mencionado proyecto de Ley. Desprecia el principio
rector que ha movido con mayor o menor ambición la normativa de desarrollo de
los Ayuntamientos: el de la administración más cercana. Desde este principio,
se configuraron los Ayuntamientos como las entidades que visualizaron la
democracia en nuestro país y que representaron la primera experiencia, hasta
ahora irreversible, de descentralización política.
Habla el informe de que elimina duplicidades y
competencias impropias, para ajustar la Administración Local a los principios
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera consagrados por la
Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, que desarrolla el artículo 135 de la CE. Sin embargo, no se eliminan
duplicidades – pues existen las competencias compartidas y se mantiene la posibilidad de que los
municipios saneados afronten cualquier servicio-, sino que en todo caso se
eliminan competencias propias de los municipios, en aspectos socialmente relevantes
como educación, salud o servicios sociales, que supondrá la perdida de
alrededor de 25.000 empleos en el País Valencia.
Hablan de duplicidad cuando quieren decir
desmantelamiento de Servicios y privatización de los mismos. Hablan de clarificación
de competencias cuando quieren decir reducción a la mínima expresión de la
administración local.
La reforma respira tutelaje de una administración
sobre otra. Ignora las competencias autonómicas sobre el régimen local y
desprecia a los Ayuntamientos como parte del Estado en pie de igualdad con las
demás administraciones.
La reforma huele, a vuelta al caciquismo y al
elitismo en la representación política, y desvían la radicalidad
antidemocrática de sus propuestas en la base del ahorro de gastos en cargos
públicos, cuando ese ahorro, si es que se produce, supondrá como mucho el 2%
del total.
Por ello desde EUPV, consideramos necesario la
retirada inmediata del texto del proyecto de Ley para la Racionalización y
Sostenibilidad de la administración local y la convocatoria de una reunión
extraordinaria de la Federación Española
y Valenciana de Municipios al objeto de analizar y reflexionar sobre la
necesidad de alcanzar un texto consensuado donde se aborde la defensa de un
municipalismo democrático y cercano a los intereses de la ciudadanía.
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