Una asesora del Gobierno valenciano en la desescalada dice que el criterio sanitario manda en la mayoría de medidas

La catedrática en Medicina Preventiva y Salud Pública y asesora del Gobierno en la desescalada Ana María García considera que en "la mayoría" de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo para autorizar el pase de las autonomías a las distintas fases "prevalece lo que más pesa, que son los criterios sanitarios".

En una entrevista con la Agencia EFE, esta catedrática de la Universitat de València señala que las polémicas durante el proceso de desescalada de la pandemia del coronavirus serán "un poco inevitables" en la medida en que las autonomías "van pidiendo lo que consideran conveniente", aunque recuerda que, de momento, "hay una capacidad de decisión centralizada".

"Espero, por el bien de todos, que se tranquilicen las tensiones y vayamos todos con toda la parsimonia necesaria, pero ya veremos", afirma la también investigadora del Centro de Investigación en Salud Ocupacional (CISAL) de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Reconoce que el Gobierno ha atendido "bastante rigurosamente" las condiciones que el grupo de expertos ha considerado "imprescindibles" para ir avanzando de fase y cree que lo está "haciendo razonablemente bien en términos generales, con algunas excepciones".

En este último aspecto alude a que hay "presiones de sectores económicos que están preocupados", y añade: "La economía también es salud y esto también nos preocupa a nosotros, el impacto no es tan inmediato pero hay que ponderar las decisiones que se van tomando con muchos aspectos".

"Las decisiones no las tomamos nosotros -remarca-, nosotros ponemos a disposición de los decisores lo que creemos que es la mejor información y las mejores posibilidades de acción y luego, evidentemente, los gobiernos tienen que ponderar mucho la información".

Considera que las peticiones que se hacen desde las distintas autonomías atienden a criterios sanitarios, económicos y sociales y se debe encontrar un "equilibrio", pero afirma: "Creo sinceramente que en las decisiones que está tomando el Gobierno central, en su mayoría, prevalece lo que más pesa, los criterios sanitarios".

Según García, también responde a criterios sanitarios la dimisión de Yolanda Fuentes como directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, y el refuerzo que está haciendo el País Vasco en algunas de las medidas de contención.

Respecto a las protestas de la Comunitat Valenciana tras conocer que gran parte de su territorio no pasaba a la fase 1 y que una de las razones era no haber realizado PCR a enfermos leves, García señala que esa cuestión "estaba planteada, con bastante claridad, en el panel de indicadores del plan de transición hacia la nueva normalidad".

Según explica, cuando se publicó ese plan había un documento explicativo del trabajo hecho por los expertos y una serie de anexos con la información que se va a necesitar a partir de ahora para entrar en una nueva fase de la desescalada.

"Conforme aumenta la interacción entre las personas y baja el confinamiento es necesario conocer la transmisibilidad del virus de la forma más temprana posible para evitar cualquier rebrote", señala García.

"Evidentemente necesitamos esa información y no era ningún secreto, ni antes ni ahora, la necesidad de hacer cuanto antes las pruebas de PCR a los casos sospechosos y a sus contactos porque son focos de infección -según la experta-. Esto también es un principio de epidemiología de campo que se aplica continuamente en el estudio de cualquier brote infeccioso".

Preguntada por si cree que la Comunitat Valenciana entendió que esas PCR debían hacerse a partir de iniciar la fase 1, ha señalado que cuando había problemas de disponibilidad de PCR "estaba claro que había que limitarlos a determinados grupos", pero conforme se ha dispuesto de mayor capacidad para hacer esas pruebas, "la identificación de cualquier caso sospechoso y de sus contactos próximos es necesaria para controlar la transmisión del virus".

A su juicio, en este proceso de desescalada "no podemos ir con prisa porque no es ningún capricho ni frivolidad. Si nos precipitamos en las decisiones, dará oportunidades al virus para transmitirse entre la población", y considera que ir con calma "es una necesidad para no volver a situaciones anteriores, que han sido realmente muy críticas en todos los sentidos".

Según explica, hasta conocer los resultados del estudio de seroprevalencia se está ya viendo en estudios puntuales y de otros países que el nivel de inmunidad de la población "no va ser muy elevado", lo que significa que tenemos un porcentaje muy alto de ciudadanos "susceptibles de ser contagiados. Y hemos visto las consecuencias del virus cuando circula entre la población".

"A los epidemiólogos y sanitarios nos preocupa que haya una sensación de que estamos saliendo de algo. El virus sigue ahí, sigue circulando un virus que produce una enfermedad grave y letal y que puede poner en jaque a todo el sistema sanitario. Confío en que la gente sea consciente de que hay que seguir cuidándose mucho", afirma.

También destaca el papel que tendrá la Atención Primaria y la Salud Pública en la detección temprana de los casos y su seguimiento para cortar la cadena de transmisión del virus a nivel comunitario.

Además, asegura que no se atreve a vaticinar cuándo llegará España a la última fase, y "menos con un virus tan poco conocido como este", y confiesa que teme que el proceso "va a ser largo y se van a tener que mantener durante mucho tiempo estas precauciones y capacidades".