Los hechos se remontan a la pasada legislatura cuando en 2006 la empresa solicitó la licencia de obras al Ayuntamiento de Torres Torres y la Declaración de Interés Comunitario (DIC) a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Sin embargo, según se matiza en el escrito de la mercantil, la Conselleria "deniega de forma arbitraria" la DIC.
Tras la denegación, la empresa presenta un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en 2009 y es admitido en 2011. La Generalitat interpone varios recursos de casación, pero el Tribunal Supremo dictamina inadmitiendo estos recursos "en todas sus pretensiones".
Ante esta situación, la empresa reclama ahora al Ayuntamiento de Torres Torres esta indemnización en concepto de "los daños sufridos por este fraude procesal". Así pues, demanda los beneficios que se hubiesen cobrado por la venta de energía renovable, si se hubiera concedido la licencia de obras y actividad en el momento de su solicitud, "al cual no contestó el Ayuntamiento", según el escrito presentado por la mercantil contra el Consistorio.
La concejala de Bloc-Compromís, Consuelo García, ha preguntado sobre este asunto en el pleno porque, "en el caso de que se tenga que pagar esta cuantía, supondría una ruina para toda vida". Por su arte, el alcalde, Alfonso Guillem, ha matizado que este es un problema de la Conselleria, "organismo que no autorizó la DIC".