El Tribunal Constitucional ha hecho efectivos los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno de España ante el desarrollo legislativo del Derecho Civil Valenciano, el cual se alumbró en la legislatura pasada recuperando el concepto de derecho foral propio. Los temas más acuciantes que se quedan ahora fuera de la legalidad vigente son los relativos al régimen matrimonial valenciano de separación de bienes, además de todo lo legislado en nuestro territorio sobre la custodia compartida.
La Associació de Juristes Valencians, organismo que de la mano de su presidente José Ramón Chirivella ha protagonizado una intensa campaña de reivindicación ante el gobierno central para que dictara la retirada de esos recursos de inconstitucionalidad, ha agradecido el apoyo del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, PSPV- PSOE y Compromís al Manifiesto elaborado por esta entidad, en la que solicitó al actual Presidente del Gobierno Mariano Rajoy, la retirada de los recursos de inconstitucionalidad contra las normas valencianas de Derecho Civil, que regulan los aspectos más fundamentales de las relaciones de Familia: el régimen económico de los matrimonios, la vida de sus hijos cuando la unión se rompe y los padres no conviven, y las parejas de hecho y su estatus legal.
Inclusó la AJV conseguió movilizar a centenares de municipios de toda la Comunitat Valenciana, los cuales aprobaron en sus plenos el Manifiesto en defensa de nuestro Derecho Civil, aunando a todos los colores políticos del espectro valenciano (excepto los neocentralistas de Ciudadanos, que no entienden otra concepción territorial que la mesetaria). Pero todo este esfuerzo y valentía no ha sido suficiente, y el gobierno central no ha retirado esos recursos, siendo admitidos por el Constitucional y procediendo a declarar ilegales estas normas civiles propiamente valencianas. Después de 1707 y promulgado por el antecesor nominal Felipe V, ahora en 2016 de nuevo se decreta otra Nova Planta contra la Comunitat Valenciana, esta vez firmada por Felipe VI. De nuevo el gobierno de Madrid, sea del color que sea (ya que los tres recursos fueron interpuestos tanto por el gobierno Zapatero como por el de Rajoy), arrolla nuestros legítimos anhelos de autogobierno como pueblo. O se aprovecha la actual crisis territorial del Estado para redefinir nuestra estructura autonómica reformando el Título Octavo de la Constitución, o nuestro futuro como país plural y diverso quedará en entredicho.
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