Una 'vendetta' política dentro del gobierno local de Sagunt, origen de la denuncia contra 5 técnicos

Paco Crispín. EPDA Sergio Moreno, el edil de Podemos. EPDA

La causa que ha llamado a declarar a cinco funcionarios del Departamento de Actividades del Ayuntamiento de Sagunt, tiene su origen en una ‘vendetta’ política dentro del gobierno local de Sagunt, según denuncia el portavoz del PSPV-PSOE, Francisco Crispín, uno de los cinco técnicos que han tenido que aclarar el uso que le daban a los 300 euros que les correspondían cada dos años en concepto de ‘ropa de trabajo’. Aunque la filtración a la prensa se refiere como una pieza separada de la ‘Operación Flotador’, la realidad es que no tiene nada que ver con el caso que llevó a dos docenas de polícias de la UDEF a registrar varias sedes municipales. Sin embargo, se ha unido una cuestión con otra porque fue el concejal de Podemos, Sergio Moreno, compañero de equipo de gobierno del PSPV-PSOE, Compromís y EU, quien aprovechó la visita de la UDEF para ejecutar esa ‘‘vendetta política’’, añade.

Todo comenzó el 11 de julio de 2016, cuando Moreno realizó varios comentarios en una cuenta de Facebook consideradas ‘‘calumniosas e injuriosas’’ contra Crispín, que motivaron un acto de conciliación en el juzgado de Sagunt en el que solicitaba, además de una disculpa pública, una indemnización por daños y perjuicios materiales y morales de 6.000 euros, que se destinarían íntegramente para la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de la comarca (AFACAM). Al no obtener respuesta y no presentarse, se cursó querella por delito de calumnias e injurias, dado que Moreno en una conversación de Facebook dijo que ‘‘el sueldo de Crispín es de concejal y ya que está liberado el de funcionario es aún mayor. Lo de alto funcionario no fue precisamente con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, más bien fue un dedazo del PSOE’’. En ese punto interviene el portavoz de IP, Manuel González: ‘‘estoy leyendo este hilo y me ha llamado la atención un comentario. ¿Puedes aclarar lo de Crispín?’’. A lo que Sergio Moreno responde: ‘‘no se cumplieron los criterios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad’’. González insiste: ‘‘Y eso lo tienes claro y posees la documentación que lo acredita supongo (...). Te voy a hablar con sinceridad, porque me sabe mal que utilices la mentira para ensuciar la imagen de otro concejal. Eres delegado de Personal y la información la tienes a tu alcance. Si no mientes, hablas con ignorancia y con ello demostrarías que no mereces ninguna credibilidad. Crispín entró como ingeniero de Actividades cuando ni siquiera etaba en la vida política municipal y lo hizo en una oposición libre, así que te aconsejo que rectifiques’’. No lo hizo.

Operación Flotador

El momento del macroregistro en dependencias municipales se produjo el 19 de octubre, con irrupción policial de la UDEF en el marco de la ‘Operación Flotador’, momento que aprovechó el concejal de Podemos para trasladar sus sospechas a la policía judicial sobre los 300 euros de la ropa de trabajo. ‘‘De ahí que se vinculen dos causas que a priori no tienen nada que ver una con la otra’’. Moreno, quien ya había sido requerido por Crispín a un acto de conciliación por sus acusaciones sobre la obtención de Crispín de la plaza de funcionario, acudió a Valencia a declarar ante la Brigada de Blanqueo de Capitales. Esto fue el 9 de noviembre de 2016. Moreno fue como concejal de Transparencia para ‘‘dar a conocer una serie de presuntas irregularidades’’ acusando a su compañero de equipo de gobierno de un ‘‘posible trato de favor’’ y utilizando como fuente de esta acusación ‘‘según comentarios de la gente’’, así como una ‘‘serie de irregularidades’’ respecto a la compra de la ‘‘ropa de trabajo’’, 300 euros cada dos años a cada técnico de Actividades, criticando que en dichas ‘‘facturas únicamente se hace referencia a conceptos como vestimenta de caballero para el servicio de inspección’’, según recoge su declaración.

Esta declaración fue ratificada el 28 de marzo de este año en el juzgado número 4 de Sagunt, donde queda patente su ignoración sobre el acuerdo preexistente en el Ayuntamiento sobre el pago a los técnicos de Urbanismo y Actividades del desgaste de la ropa de trabajo.

Se dice, se comenta

Así, en su declaración señala que ‘‘piensa que si se trata de vestuario para realizar inspecciones, debería ser ropa laboral, no comprando en boutiques o tiendas de ropa de Sagunt’’ y admite que no se ha leído ‘‘el convenio para el vestuario de los técnicos del Ayuntamiento, que en ningún sitio especifica dónde debe comprarse el vestuario’’ y asegura que ‘‘no cree que deban comprarse en las tiendas relacionadas, que son tiendas de ropa de marca, que considera que la ropa no es adecuada para el desempeño de su trabajo, que cree que no está justificado el desgaste que padecen los mismos y que las facturas que aportó no estaban detalladas, que deberían estarlo’’.

El edil va más allá en sus acusaciones y aprovecha para ir también contra familiares de Crispín con acusaciones basadas en que ‘‘es algo que se comenta’’ y en este apartado intenta involucrar a la concejala y diputada de Compromís, Teresa Garcia. ‘‘Este tema lo comentó cuasndo se efectuó la entrada y registro -en referencia a la irrupción de la UDEF-, que entonces le requirieron para que aportara documentación, que habló con la concejala actual y le dijo que ella tenía toda la documentación, que le dijo que acudiría a declarar con él ante la UDEF, que es Teresa García, que al final no declaró, que ella solicitó declarar como testigo y que se le citara como tal, que cree que al final no facilitó la documentación, que en la actualidad ya no ocupa dicha concejalía’’.

En la declaración asegura que él mismo entró en el sistema informático para acceder a las facturas desde 2011 ‘‘que fue viéndolas y había cosas que le parecía llamativas, que los técnicos tenían asignada una candidad de 300 euros cada dos años, que en Urbanismo lo tienen incluido en la nómina’’, una cuestión que es falsa, puesto que fueron los funcionarios de Urbanismo los primeros en disponer de estos 300 euros desde hace 20 años, de acuerdo con el artículo 29 del Convenio Colectivo del Ayuntamiento, según recoge el artículo 29. Y fue a partir de ahí cuando en 2005 el departamento de Actividades solicita el mismo derecho y se le concedió.

Respecto a la compra en determinadas tiendas, como Armería Peña, Febo y Terminal, es el propio Consistorio el que llega a un acuerdo con las tres, firmando las facturas de los funcionarios los concejales delegados de Urbanismo como Alfredo Catelló (PP) en 2002 o el actual alcalde, Francesc Fernández, en 2004, y en cuanto a las facturas de los técnicos de Actividades, en la declaración realizada en el juzgado por Crispín recuerda que ‘‘hay una partida en los presupuestos para gastos de vestuario, que siempre ha existido y que la persona que autoriza la solicitud de dicha partida es el concejal delegado de Actividades, que han sido varios, como José Luis Chover, del PSPV, Sergio Muniesa y Francisco Villar, del PP, o Manolo González de IP’’ y recuerda que ‘‘cuando hacen su trabajo llevan su ropa, que no se cambian de ropa para realizar su labor, que los inspectores del Ayuntamiento nunca han ido de uniforme, tanto de Actividades como de Urbanismo’’. Insiste en que ‘‘no estaban obligados a ir a tiendas específicas de ropa laboral, que no tenían código de vestimenta, que siempre se han entendido estos 300 euros bienales como una compensación del desgaste de su propia ropa’’.

Rifle

En este apartado interviene Vicente Peris Peña, quien ya fue como testigo en la trama de adjudicación irregular de contratos por el que está imputado el ex delegado del Gobierno en la Comunitat, Serafín Castellano y otras nueve personas, y la compra de un rifle en dicha armería. Ahora, su dueño ha testificado asegurando que además de ropa, recuerda algunos productos variados, desde pelotas de padel a billeteros o bolsos, ‘‘que antes tenían dos tiendas y no sabe si se llevaban una cosa u otra’’.

A este respecto, fuentes próximas a los investigados han negado que nunca hubiesen comprado con cargo a esa partida productos que no fuesen los dedicados al trabajo y, en el caso de Crispín, ha explicado a este periódico que ‘‘es cierto que he comprado otros productos en la armería, pero siempre pagado con mi dinero’’.

Recientemente, el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sagunt salió en defensa de los funcionarios señalando que son ‘‘honorabilísimos’’ y defendiendo ese pago de 300 euros en especie.