Una docena de funcionarios de La Pobla de Farnals han
desfilado esta mañana por la Audiencia Provincial de Valencia en el juicio que
ha llevado al banquillo al ex secretario municipal de Canet d’En Berenguer,
José Antonio Sancho; la ex alcaldesa, Natividad García; y al asesor económico
Rafael Parra Mateu, junto a la Academia Valenciana de Juristas. El juicio, que
comenzó ayer lunes, se prolongará toda
la semana y los acusados García y Sancho se enfrentan cada uno a 9 años de
prisión, según la petición de la Fiscalía, por malversación de caudales
públicos, prevaricación y cohecho, mientras que Parra Mateu lo hace por
malversación de caudes públicos, que se enfrenta a 3 años de cárcel.
En el mismo, ha declarado Ignacio Sancho Moscardó, imputado
en la causa de la ‘trama de las asesorías’, quien ha acusado a José Antonio
Sancho de ser el ideólogo de la creación de la Academia Valenciana de Juristas
y Asesores Profesionales, dos firmas investigadas tanto en el juicio iniciado
ayer lunes, como el que lleva el juzgado 12 de Valencia, que amplía el número
de imputados a una veintena. Sancho Moscardó ha asegurado que quien decidía la
facturación y la distribución de los trabajos de las empresas que compartían
domicilio en calle Almirante, 1 de Valencia ''las decidía el señor Sancho
Sempere’’, en referencia a la Academia de Juristas, Asesores Profesionales,
Millena III Milenio y Federación Profesional Valenciana.
Interrogado por el fiscal en el segundo día del juicio, le preguntó por qué aparecía de tesorero de dos asociaciones sin ánimo de lucro, como la AVJ y Asesores Profesionales, a lo que Sancho Moscardó negó haberlas constituidas, pese a figurar como uno de los tres fundadores en el año 2000. Sancho Moscardó explicó que cuando se crearon él estaba de pasante en el despacho de José Antonio Sancho y fue éste quien le asignó ese cargo. ''Lo que yo recuerdo es que se constituyó la Academia de Juristas para defender a la abogacía y a los miembros de dicha asociación, mientras que Asesores Profesionales defendía los intereses de los profesionales, no sólo juristas, sino también peritos, economistas y otras profesiones''.
A la pregunta de si no le parecía raro que un letrado esté de tesorero en dos asociaciones sin ánimo de lucro y quien repartió los cargos no figurara en ninguna, respondió que ''no me pareció raro. Yo empezaba en la profesión. El era decano del Colegio de Secretarios, por lo que no había razón para desconfiar. Me iba a casar y quería marcharme. No vi nada raro ni extraño''.
El fiscal le preguntó si manejaba cuentas, a lo que dijo que no tenía autorización. ''Luego he descubierto y sé que a partir del 2008 soy secretario y no tesorero. Se constituyeron en el año 2000 y me marcho a trabajar a otra empresa en 2001 y no vuelvo hasta 2008 al despacho de José Antonio. Me desentiendo y no pienso en las asesorías''. Entonces compagina su trabajo para Sancho con el trabajo anterior, 20 horas semanales. Aseguró que no ha estado en nómina de la Academia de Juristas, pero sí Federación Profesional Valenciana, Millena III Milenio y desde 2014 en José Antonio Sancho Abogado, todas ellas investigadas en la 'trama de las asesorías'.
Reconoció que todas las sociedades trabajaban en el mismo despacho de Almirante, 1 de Valencia, donde estaban José Ignacio Maruenda, Juan Jesús Gilbert -''quien asumía casi toda la carga procedimental''-, Amparo González la mujer de Sancho y el propio Sancho. Sancho Moscardó acusó a Sancho de ser quien se encargaba de las facturas y que ''jamás he tenido acceso a las cuentas ni he sido apoderado''. Respecto a las facturas de Asesores Profesionales, mantuvo que ''deduzco que era José Antonio'' quien las hacía.
La ex interventora y el ex alcalde de La Pobla
La mañana comenzó con la declaración de la ex interventora, Paula Rico, quien tuvo que rehacer el presupuesto de 2009 al ''remitirme por mail un pdf con informes incorporados muy extraños. No lo vi correcto y no podía votar favorablemente. Había cosas que corregir y hablé con la alcaldesa'', Natividad García, quien ''me remitió a Rafael Parra. Le comento el tema de los ingresos, más de 1'5 millones que me llamaban la atención y él me dijo que los ingresos había que estirarlos al máximo. Le dije que ese criterio no era el correcto para elaborar un presupuesto y había que rehacerlo''.
Más tarde llegó una factura de Asesores Profesionales de 20.300 euros. ''Me pareció un precio muy elevado por lo que habían enviado y sin contrato. Como mucho eso valía un tercio'', señaló, aunque reconoció que se acabó pagando en un reconocimiento extrajudicial de crédito. Explicó por qué no se podía emitir un reparo de legalidad. En cualquier caso Asesores Económicos Públicos emitió una factura en 2010 por un estudio de modificación de crédito que la secretaria dijo que no estaba en el ayuntamiento ''y yo no encontré nada, ni contrato''. Tanto la defensa de Natividad García, como Sancho -quien se defiende a sí mismo-, como el de Rafael Parra, intentaron desacreditar a la interventora. La estrategia pasó por intentar hacer ver al juez que se hicieron los trabajos y defendieron que no hubo ningún reparo en contra. Pero la interventora explicó una y otra vez que no se podía poner reparto en un contrato menor que llevaba el visto bueno de la alcaldesa.
La ex interventora recordó durante su declaración que había estado pidiendo ''durante muchísimo tiempo que se designasen empleados públicos para comprobar los trabajos, pero no se quiso nunca'', por lo que al final la conformidad la daba sólo la alcaldía.
El siguiente en declarar fue el ex alcalde de La Pobla de Farnals, José Manuel Peralta, víctima de una moción de censura que aupó al poder a la tránsfuga Natividad García, tras la cual recaló Sancho en La Pobla. Peralta volvió a explicar que recibió un sobre anónimo en su casa y que lo remitió a la Fiscalía e insistió en que rescindió el contrato con la AVJ al revalidar la mayoría absoluta en 2011 por las ''convulsiones internas del Ayuntamiento, en todos los departamentos'', de ahí que calificara la situación municipal de ''pequeño desastre''.
Peralta explicó por qué desistió del contrato con la AVJ, atado un mes antes de las elecciones municipales de 2011 por el gobierno de Natividad García, pese a que ésta no se presentaba a los comicios. Señaló que él nunca había solicitado asesoramiento y que no lo necesitaba y a preguntas del abogado de la AVJ, Peralta reconoció que se contrató un asesor experto en urbanismo dado que ''en este departamento había mucha dificultad y era una situación complejísima''.
A partir de ahí desfilaron numerosos funcionarios, como la actual interventora o quien estuvo en algún periodo como interventor sustituto, Ramón Tormo. Al resto de testigos de Sancho les fue preguntando si sabían que era el asesor jurídico e intentó trasladar al juez la sensación de que trabajaba mucho en el ayuntamiento, incluso algunas tardes. Pese a la insistencia de Sancho, cuatro funcionarios negaron haberse reunido con él en un despacho dedicado en dependencias municipales a la asesoría jurídica.
Tres de los testigos de Sancho recibieron el interés no sólo de él mismo, sino también del Ministerio Fiscal. Se trata de Eva Monge, mujer del ex alcalde de Canet, Octavio Herranz; Amparo Elena Sancho, hija de Sancho; y Aránzazu Álvarez, técnica de gestión, quien trabajó para el Consorcio Pangea y recibió dinero de Millena, dos firmas más investigadas en la 'trama de las asesorías'.
La hija de Sancho, ante la atenta mirada de su padre y su madre -que evitaron aparecer en el banquillo de los acusados al defenderse a sí mismos-, tuvo que responder a las preguntas del abogado de Natividad García, relatando que llegó en 2007 por una permuta con José Rajadell -hoy secretario municipal de Canet-. Relató que el compromiso era cobrar lo mismo que el Ayuntamiento de origen, por lo que al no producirse, lo intentó por vía administrativa y después interpuso un contencioso. ''Lo gané y se abonó''. El letrado elegido fue José Ignacio Maruenda-Peñuela, vinculado a la AVJ y también imputado, aunque la hija de Sancho a preguntas del abogado de la AVJ dijo que en ese momento ''no tenía nada que ver con la AVJ''. La defensa de García preguntó por si Elena Sancho tenía algún problema con la secretaria e interventora y ésta aludió a algunas ''discrepancias'', mientras que con Natividad García despachaba con regularidad.
Otra que declaró fue Eva Monge como testigo de Sancho, quien confirmó que se reunía con él una vez por semana e intercambiaban regularmente emails sobre muchos temas ''relacionados con Personal''. El fiscal aprovechó para preguntarle si su marido había sido alcalde de Canet y estaba encausado por la 'trama de las asesorías', a lo que respondió afirmativamente. Fue precisamente en la época de Herranz como alcalde cuando se produjo la permuta entre funcionarios.
De empresas vinculadas a Sancho al Ayuntamiento de La Pobla
Tampoco pasó desapercibida para el fiscal la intervención de la testigo Aránzazu Álvarez, funcionaria técnico de gestión del Ayuntamiento de La Pobla de Farnals, quien ganó una plaza después de haber trabajado para Consorcio Pangea Arco Mediterráneo, que tramitaba subvenciones relacionadas con la inmigración, cuyo secretario era Sancho y que también figura en las investigaciones del juzgado número 12 de Valencia. Además de trabajar en el Consorcio, reconoció haber recibido un pago de 6.060 euros de Millena III Milenio, además de un pago en efectivo.
La información se ampliará en la edición impresa del 18 de diciembre y el pdf de 5 páginas especiales sobre la 'trama de las asesorías' se podrá descargar ese mismo día gratuitamente desde elperiodicodeaqui.com.
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