Chelo Poveda Que cualquier persona rigiera su presente atendiendo a las
necesidades que tenía al final de los años ochenta nos parecería
un soberano error a cualquiera. Pues lo mismo ocurre con el Plan
General de Ordenación Urbana en la ciudad de Valencia (PGOU de aquí
en adelante). El actual PGOU se redactó a finales de los años 80
con unas proyecciones de crecimiento poblacional que apuntaban a una
ciudad que incrementaría sus habitantes hasta cerca de un millón
trescientos mil y que se enmarcaba dentro de una política
urbanística que situaba al ladrillo como uno de los sectores
fundamentales en el desarrollo y crecimiento económico.
La realidad se ha encargado de señalarnos que las proyecciones han
quedado lejos de cumplirse pero sin embargo el plan sigue vigente y
es el que marca la agenda urbanística de la ciudad. Entre tanto, en
la última década hemos sufrido una crisis inmobiliaria que fue el
epicentro nacional de una crisis económica global. Después, roto el
mantra de la continua revalorización de la vivienda y del ladrillo,
la UE y los tiempos nos invitan a detener el desarrollismo
urbanístico y a mantener libre de sellamiento todo el espacio de
suelo disponible en las ciudades para hacerlas más habitables. Y
ahora, una crisis sanitaria nos ha golpeado y nos ha hecho ver otras
cosas: necesitamos casas con luz, con espacios abiertos, con
servicios próximos, a precios asequibles...
Si aplicamos una visión de conjunto (que es lo que debemos hacer
quienes estamos metidas en esto de la política en pro del bien
común), llegamos a varias conclusiones. En primer lugar, las
empresas privadas (promotoras, constructoras, etc) no pueden ser
quienes diseñen los barrios y las formas de habitarlos. En La Zaidía
van a levantar un hotel de una estrella dentro de un bloque de
vecinos y la legalidad urbanística nada hace contra ello. ¿El
barrio necesita un hotel de turismo barato? ¿La gente de ese barrio
tiene alguna otra necesidad que pudiera ser cubierta en ese mismo
espacio? ¿Por qué una empresa puede articular el barrio y el
vecindario no? En segundo lugar, necesitamos otros modelos de
vivienda y de acceso a la vivienda (mejorar la política de alquiler
libre y social) y necesariamente deben guiarse por criterios
medioambientalmente sostenibles. Rehabilitar antes que construir
(cerca de 40.000 viviendas vacías en Valencia) y dar uso a las
viviendas vacías ya construidas. Construir debe ser siempre la
última opción porque hay otras mejores y más sostenibles y
eficientes económicamente. Gestionar implica seriedad con los
recursos, si hay otras posibilidades más baratas que construir una
buena gestión debe encaminarse a ellas y no hacía levantar más
edificios. Y, en tercer lugar, en caso de que haya que construir, hay
que exigir que dichas construcciones impacten de forma mínima en el
medio y que causen mínimas emisiones a la par que mantienen un
precio razonable y asumible tanto en alquiler como en venta,
asegurando siempre un mínimo de un treinta por cien para uso social.
Los nuevos tiempos exigen nuevas normas, y en lo urbanístico
Valencia necesita su nueva norma, su nuevo PGOU. El país también
necesita otro eje económico distinto al ladrillo, que apueste por la
calidad y la innovación de los productos y los servicios. Desde la
concejalía urbanismo Sandra Gómez poco ha hecho y poco hará porque
el PSPV no tienen en su ADN innovar ni ser valientes... Y además un
nuevo PGOU requiere mucho trabajo. Nosotras sí tenemos valentía
para afrontar las nuevas necesidades aunque eso nos haga tener pocos
amigos en las constructoras y promotoras como Metrovacesa. Nuestro
compromiso es con la política que hace mejor la sociedad y en favor
de la gente y por eso hay que hacer un nuevo PGOU, un plan de futuro
y con futuro y defender la vivienda como un derecho.
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