Víctor Jiménez. EPDA El área m e t r o p o litana de Valencia es la tercera a g l ome r a ción humana más poblada de España. En ella vivimos más de 1.700.000 personas. Pese a representar únicamente el 8% del territorio de la Comunidad Valenciana, se trata de su zona más densamente poblada. Es además la única gran área urbana de todo el eje mediterráneo que carece de una política metropolitana y de algún órgano que garantice una dirección estratégica de las necesidades comunes de todos sus municipios. Dijon, Lyon, Avignon, Marsella, Duisburgo y por supuesto Barcelona cuentan, por ejemplo, con una potente red de transporte metropolitano que conecta diariamente los municipios de la corona metropolitana entre sí y con la metrópoli. Una red de transporte público -tanto de superficie como suburbano- capaz de integrar el espacio metropolitano en la red de las grandes ciudades europeas.
Aquí, la Agencia Valenciana de Movilidad dista enormemente de satisfacer las necesidades más elementales de transporte para sus usuarios: garantizar la interconexión de barrios vecinos pertenecientes a varias localidades, favorecer los enlaces con líneas del metro y regular la frecuencia de paso de las líneas.
El PSPV-PSOE ya denunció estas carencias en su Proyecto para el Área Metropolitana de Valencia en 2011. Pero el Gobierno de Fabra, competente en transporte interurbano, ni tan siquiera ejecuta la financiación del contrato programapor la falta de liquidez del Consell. Un contrato que reportaría 38 millones al año y queevitaría la supresión de las líneas 31 y 36 de la EMT. Pero no, prefieren iniciar una negociación injusta con los Ayuntamientos de Alboraya, Vinalesa y Mislata al tiempo que recortan líneas y dejan sin servicio a los vecinos de muchos municipios de l’Horta Nord.
El PP no debería atrincherarse en sus propios errores, sino ofrecer un verdadero diálogo con los municipios afectados para lograr una solución de futuro que obedezca a algún planteamiento estratégico singular, como crear al menos una línea de área metropolitana con distintas tarifas en función del destino del usuario. Dialogar y buscar soluciones, como hacen los Alcaldes de Alboraya, Vinalesa y Mislata, y no pretender que sean los vecinos del área metropolitana quienes acaben pagando, otra vez, los desmanes presupuestarios de los que no son culpables. Como ya pasó con la tasa TAMER. Es un error que el Ayuntamiento de Valencia y el Consell están a tiempo de evitar.
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