Ximo Puig rechaza recibir a la Mesa Autonómica Contra la Incineración

La recientemente constituida “Mesa Autonómica contra la incineración” en el Port de Sagunt el pasado 14 de abril, que aglutina a diversas organizaciones ecologistas y de afectados de Castelló, València y Alacant, ha recibido un desplante del President Ximo Puig.

La negativa a reunirse con esta Mesa Autonómica en un momento crucial, en el que se están elaborando las Tasas a la Incineración, el Plan Integral de Residuos y varias Autorizaciones Ambientales de grandes co-incineradoras, es toda una declaración de intenciones. Es ignorar sistemáticamente una cuestión, la de la contaminación del aire, que el propio Govern del Botànic se comprometió a resolver y sobre la que en 3 años de legislatura ha sido incapaz de avanzar con efectividad en los objetivos de su programa de gobierno.

El próximo 1 de julio entra en vigor la tasa sobre la incineración de residuos en cementeras y azulejeras y, si los titulares de varios diarios autonómicos no nos mienten, parece que el mismo Ximo Puig tiene intención de aprobar por decreto, una bonificación de hasta el 90% sobre las tasas gravadas a las empresas contaminadoras. Algo que le prometió los empresarios del sector a los que sí recibió cordial y diligentemente en cuanto se lo solicitaron. Este hecho supondría regalar dinero público y tratar con preferencia a quienes envenenan nuestro aire y degradan nuestra salud, sacando beneficio privado de ello.

En definitiva, es el propio gobierno autonómico quien, lejos de buscar una solución definitiva al grave problema de la contaminación del aire derivada de la co-incineración de residuos, acaba favoreciendo estas prácticas nocivas y poniendo todas las facilidades para que sigan perpetuándose. El “gobierno del cambio” lo cambia todo para que no cambie nada.

Por nuestra parte, desde la sociedad civil organizada y el mundo del ecologismo, no vamos a cejar en nuestro empeño y seguiremos dando la batalla para lograr de una vez por todas que este problema medioambiental de salud pública, sea tomado en consideración por una Administración que gobierna a espaldas del interés general, privilegiando el interés económico de las élites que contaminan el aire que respira la ciudadanía.