El
Ayuntamiento de Xirivella aprueba en sesión de pleno este pasado lunes la modificación de las
Ordenanzas Fiscales que supone la retención de subidas tributarias, como el
IBI, e incluso, la reducción o congelación de otras tasas, como la tasa de
basura para las viviendas. Según Enrique Ortí, alcalde de Xirivella, “a la hora
de trabajar en estas ordenanzas hemos procurado bajar o congelar aquellos impuestos
y tasas que afectan a la mayoría de los ciudadanos de Xirivella y limitar la
subida de aquellas que nos marca el Plan de Ajuste porque hemos tenido muy en
cuenta las sugerencias y reclamaciones de los ciudadanos, con el fin de mejorar
el reparto del coste del servicio de recogida de basura”.
La nueva
modificación de la ordenanza para la tasa de basura hará que las viviendas
paguen un 8% menos y que las grandes empresas paguen más. Ya con la ordenanza
2013, actualmente en vigor, este equipo de gobierno consiguió que 12.863
viviendas de Xirivella pagaran un 7,5% menos que en 2012. Así, en dos años el
actual equipo de gobierno ha rebajado más de un 15% lo que un hogar de
Xirivella debe abonar por su tasa de basura. Además, “la última ordenanza aprobada
por el gobierno del PSOE y EU suponía un pago de 43 euros anuales a las
viviendas de Xirivella, mientras que en 2014 se pagará 27,7 euros, un 35,5%
menos”, añade Ortí.
También
el actual equipo de gobierno ha decidido no subir el IBI en 2014, “se han tomado
otras medidas que ayudan a paliar el déficit de ingresos que provoca esta
medida profundamente estudiada porque hemos hecho enormes esfuerzos para
gestionar con el máximo rigor y responsabilidad los recursos económicos del
ayuntamiento”.
Otra de
la novedades que se presenta hoy en el pleno, tiene que ver con la gestión del
cobro de los tributos ya que se amplia el plazo de tres a cuatro años para la
concesión de aplazamientos y
fraccionamientos. Además, independientemente de la cuantía, cuando el
aplazamiento sea por un periodo inferior a 18 meses, no se exigirá garantía;
esto supone un cambio en la ordenanza en vigor, que exigía garantías a partir
de los 3.000 euros.
Y otra
modificación, es que se elimina la posibilidad de que la Junta de Gobierno Local,
gobierne quien gobierne, pueda decidir unilateralmente exenciones o
bonificaciones de tributos. “Desde ahora se va a regular en las propias
ordenanzas, cerrando la puerta a cualquier posible interés personal que pueda
suponer trato de favor, esto es un ejercicio indiscutible de transparencia”,
afirma Ortí.
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