Eduardo del Pozo. /EPDA El Consejo del Agua de la Confederación Hidrográfica del Tajo ha aprobado elevar gradualmente los caudales ecológicos a su paso por Aranjuez, pasando de los 6 a 8,52 m3/segundo. La repercusión del acuerdo, que debe ser ratificado en Consejo de Ministros, es enorme y el Gobierno socialista de Castilla la Mancha lo celebra. En Alicante, Murcia y Almería ven que, con esa medida, el trasvase Tajo-Segura pasará de los 350 Hm3 de agua actuales a una horquilla oscilante entre 105 y 130 Hm3. Esto presupone pérdida de superficie de regadío, abandono de cultivos y de empleos directos. Solo en la provincia de Alicante, el lucro cesante superaría los 5.000 millones de euros.
Las movilizaciones sociales son y seguirán siendo una constante, porque no podemos cambiar bienestar y progreso por ruina, el incremento gradual del caudal denominado a propósito ecológico no redistribuye la riqueza hídrica con criterios técnicos, sino políticos e inaceptables.
Con lógica, la Diputación de Alicante anuncia reclamaciones millonarias, vía contenciosa-administrativa, por lucro cesante y hará una defensa numantina de los agricultores. Por otra parte, Ximo Puig anuncia también la vía contenciosa contra el acuerdo, lo hace a toro pasado, tarde, porque debió anunciar su postura y pronunciarse con rotundidad antes de que lo aprobara la Confederación Hidrográfica del Tajo.
El agua es vida, es un bien escaso, su mayor o menor disponibilidad está sujeta a cambios climáticos que no dependen de la voluntad humana. Su regulación y uso no puede estar supeditado a una parte, es de todos y, por otra parte, no puede regularse por criterios políticos o interesados, sino técnicos.
El conflicto está servido, el ambiente se irá caldeando, 43 años de trasvase no se pueden tirar por la borda, es un sinsentido. Quizás, de forma maquiavélica, esté todo orquestado, se meta presión, se caldee el ambiente y, al final, se busquen soluciones alternativas e intermedias. Me explico, ya en Febrero el Ministerio autorizaba la ampliación de la producción de la planta desaladora de Torrevieja para que pasara de los 240.000 m3 a los 360.000 m3 día, anunciando que lo hacían para suplir los recortes del trasvase. O sea, que esto va de meses, señor presidente de la Generalitat. Por otro lado, el coste del agua desalada es inasumible, vendrán las bonificaciones al precio y tendrá que haber una solución razonable. La defensa de nuestros agricultores tiene que ser una acción continuada, porque sus derechos adquiridos hace más de 4 décadas son irrenunciables y son inadmisibles los sobrecostes del agua para el regadío de sus tierras. La política no está para crear problemas donde no los hay. Con el agua y el futuro de nuestros agricultores, no se juega.
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