TRIBUNALES
Comienza el juicio de las basuras de Orihuela, que inició la operación Brugal
El abogado del industrial Ángel Fenoll,principal enjuiciado, ha sostenido en el arranque del juicio que el proceso está "viciado de nulidad".
EFE - 05/03/2019
La exalcaldesa de Orihuela Mónica Lorente (centro), acompañada de sus abogados, llega a los juzgados de Elche. EFE
La exalcaldesa de Orihuela Mónica Lorente (centro), acompañada de sus abogados, llega a los juzgados de Elche. EFE

El juicio a 34 acusados por la presunta trama de corrupción política y empresarial en torno al contrato de recogida y tratamiento de basuras de Orihuela, origen de la operación Brugal, ha comenzado hoy en la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, y se prolongará hasta finales de año.

La vista oral ha dado inicio a las 10.44 horas con las cuestiones previas, entre ellas estará previsiblemente la solicitud de algunas de las defensas para anular las intervenciones telefónicas de la Policía con autorización judicial.

Esos pinchazos telefónicos dieron pie a la veintena de ramas del caso Brugal y lo que decida la sala de Elche de la Audiencia Provincial en torno a su validez no será, en principio, vinculante para el resto de piezas separadas, entre ellas la relativa a las ilegalidades en el plan zonal de residuos de la Vega Baja y del Plan General de Urbanismo (PGOU) de la ciudad de Alicante.

El alto número de enjuiciados hará que la discusión de estas cuestiones previas se prorrogue durante las jornadas de mañana y el jueves.

Los 34 acusados han llegado a la Ciudad de la Justicia de Elche a partir de las 9 horas acompañados de sus abogados, y prácticamente han llenado la sala de vistas número 10.

Tras las cuestiones previas planteadas por las defensas, el fiscal contestará a las mismas durante las jornadas del 13 y 14 de marzo, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Los días 20 y 21 de este mes será el turno de la acusación particular, en concreto el ayuntamiento de Orihuela, mientras que las declaraciones de los acusados darán comienzo el 7 de mayo, entre ellos el industrial oriolano Ángel Fenoll, que fue quien destapó el caso, y los ex alcaldes de Orihuela José Manuel Medina y Mónica Lorente, ambos del PP.

La investigación comenzó en 2006 por el posible amaño en el contrato local de las basuras durante la etapa del alcalde popular Medina aunque las pesquisas posteriores dieron paso a una veintena de piezas separadas en distintos puntos de la provincia de Alicante bajo la denominación genérica de 'Operación Brugal'.

De las 34 personas que se enjuician en esta rama inicial del Brugal, quince han tenido o tienen la condición de autoridad o funcionarios públicos, como los exalcaldes populares oriolanos Medina y Mónica Lorente y siete exediles de la corporación municipal.

Para Medina, la fiscalía pide 12 años de prisión por prevaricación, fraude y cohecho, para su sucesora Lorente 8 por fraude y para el principal implicado, el empresario Ángel Fenoll, un total de 37 años y 8 meses por prevaricación, fraude, cohecho, tráfico de influencias, extorsión, coacciones, asociación ilícita, uso de información privilegiada y delito electoral.

El fiscal considera a los procesados autores, cooperadores o cómplices de delitos de prevaricación, fraude, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, revelación de secretos y de información privilegiada, delito electoral, asociación ilícita, extorsión e intento de coacciones.
Sostiene que Fenoll, que destapó el caso al creer que no se le iba a adjudicar el contrato de basuras de Orihuela, y su entorno conformaron una presunta trama mafiosa que extorsionó a cargos públicos con la amenaza de revelar grabaciones con información relevante para "doblegar su voluntad".
Además, el empresario oriolano habría pagado supuestamente sobornos a otros políticos para seguir monopolizando la recogida de basuras en la comarca o financiado "fuera de los cauces legales" al PP y al Partido Socialdemócrata.
Entre las principales piezas separadas del Brugal surgidas a partir de las intervenciones telefónicas destacan la investigación del plan zonal de residuos de la Vega Baja -por la que deberán ser juzgados, entre otros, el expresidente de la Diputación y del PP de Alicante José Joaquín Ripoll- y la que indaga una presunta trama de corrupción en torno al urbanismo de la capital de la provincia.
En esta última figuran como investigados el empresario Enrique Ortiz y los exalcaldes populares de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, entre otros.
Este caso de presunta corrupción debe su nombre al acrónimo BRUGAL: "Basuras RUrales Gestión ALicante".
El abogado del principal enjuiciado en la supuesta trama de corrupción política y empresarial del contrato de recogida de las basuras de Orihuela (caso Brugal), el industrial oriolano Ángel Fenoll, ha sostenido en el arranque del juicio que el proceso está "viciado de nulidad".
El letrado de Fenoll ha sido el primero en intervenir en la primera jornada de la vista oral celebrada en la sede ilicitana de la Audiencia Provincial de Alicante, que al igual que las dos próximas se dedicará a las cuestiones previas.
El abogado ha justificado la petición de "nulidad" de la instrucción de esta pieza original del caso Brugal en que se ha vulnerado el derecho a la privacidad de las comunicaciones de los 34 enjuiciados por las prolongadas e "injustificadas" intervenciones telefónicas.
Ha señalado que estos pinchazos telefónicos "carecen de motivación" ya que en un principio se autorizaron en torno a las basuras de Orihuela pero muy pronto se convirtieron "en ver lo que caía en el saco de la investigación".
Para este letrado, se cayó en "rastreos preventivos" que no están amparados por la Ley puesto que no se definieron previamente los delitos a perseguir, ya que los pinchazos y sus prórrogas se motivaron en el "cajón de sastre" que engloba la "corrupción política" pero sin citar delitos concretos, como pueden ser el cohecho, prevaricación o malversación.
"Eran escuchas que se iban retroalimentando", lo cual, ha señalado citando diversa jurisprudencia, resulta "desproporcionado" e "inaudito".
Además, ha manifestado que se suma el prolongado secreto de las actuaciones durante la instrucción, durante 36 meses desde la primavera de 2007 y 2010, lo cual tampoco ve justificado y cree que ha perjudicado a su defendido.