TRIBUNALES
El interventor de Alicante ratifica el fraccionamiento de contratos en juicio a Echávarri
El interventor ha manifestado que tuvo conocimiento del problema cuando el jefe de servicio de la Concejalía de Comercio le manifestó sus dudas sobre el proceso
- 02/10/2019
El exalcalde de Alicante Gabriel Echávarri llega a la Audiencia Provincial. EFE/Morell
El exalcalde de Alicante Gabriel Echávarri llega a la Audiencia Provincial. EFE/Morell
El interventor municipal del Ayuntamiento de Alicante, Francisco Guardiola, ha declarado este martes en el juicio seguido contra el exalcalde Gabriel Echávarri (PSPV-PSOE) por los contratos de la Concejalía de Comercio que, en su opinión, sí se produjo un "fraccionamiento ilegal" a la hora de tramitar esos 25 encargos bajo sospecha, por un importe global de 189.000 euros.A preguntas de la Fiscalía, se ha ratificado en las conclusiones del informe previo que emitió en marzo de 2017, cuando se paralizó el expediente de pago por el procedimiento ordinario y se planteó su abono a través de un reconocimiento extrajudicial de crédito "para darle una solución al problema", según ha manifestado.Echávarri y dos de sus asesores, Eduardo Díez y Pedro de Gea, se enfrentan a una posible pena de 10 años de inhabilitación como responsables de un delito continuado de prevaricación administrativa, de acuerdo con el escrito de calificación inicial de la Fiscalía.En su declaración, el interventor ha manifestado que tuvo conocimiento del problema cuando el jefe de servicio de la Concejalía de Comercio, Diego Agulló, le manifestó sus dudas sobre el proceso. A partir de entonces, según ha dicho, analizó las facturas y pudo comprobar que coincidían en fechas, en proveedores y en conceptos similares, por lo que, a su juicio, su contratación debió tramitarse por concurso "por lotes".En todo caso, a preguntas de los letrados de la defensa, ha admitido la dificultad que conlleva discernir si todos esos 25 encargos, adjudicados de manera directa como contratos menores, están interrelacionados entre sí y si, por tanto, se encuadran en una "unidad funcional".De hecho, ha señalado que él pidió un informe a los servicios de la Asesoría Jurídica municipal para que evaluase el procedimiento, aunque ese dictamen no llegó a una conclusión definitiva.También ha manifestado que si los contratos se hubiesen acompañado de una memoria explicativa y descriptiva sobre el objeto del contrato "no habría lugar a especulaciones". Con todo, ha admitido que no existe obligación legal de que los contratos menores se acompañen de esa memoria, ya que basta con la factura y el documento de pago.Esta segunda sesión del juicio ha comenzado con la declaración del actual alcalde, Luis Barcala, quien ha señalado que él y su grupo de concejales presentaron la denuncia inicial, con la que se abrieron las diligencias, al tener conocimiento de las anomalías, cuando el expediente llegó a la Junta de Gobierno.En esta línea, ha señalado que se adoptó esa decisión por la "excepcionalidad" de las anomalías, en la medida en que el jefe del servicio de Comercio, Diego Agulló, y el interventor municipal habían expresado sus dudas. A partir de ahí, según ha dicho, se revisó ese paquete de contratos y se comprobó que no existía expediente de contratación previos.En ese momento, se comprobó que existían coincidencia de fechas, de conceptos y de proveedores, por lo que, a su juicio, "se daban indicios de un posible fraccionamiento".Por último, ha comparecido el jefe de servicio de Comercio, Diego Agulló, quien ha declarado que él no tenía conocimiento de 24 de los 25 contratos puesto que él no los había tramitado. Según ha sostenido, se ocupó de ellos directamente el asesor de la concejalía de Comercio, Pedro de Gea, y que él no los habría tramitado así "nunca".Además, ha señalado que ningún técnico municipal se había responsabilizado de esos contratos y que, tras advertir la coincidencia de varias facturas de los mismos proveedores en las mismas fechas, le expuso sus dudas al interventor al considerar que "estaban mal".Asimismo, también ha señalado que, en su opinión, si las facturas llevaban la firma digital del alcalde "era porque las había contratado él".No obstante, a preguntas de las defensas, ha reconocido que la clasificación por grupos o bloques la realizó él mismo al analizar el contenido de las facturas y que al último grupo de ellos le dio la denominación de "conglomerado".En esta línea, ha admitido la complejidad que entraña decidir si los objetos y servicios contratados constituyen o no una unidad funcional y, por tanto, si hubo fraccionamiento. En este sentido, ha insistido en que "no tenemos la seguridad" de si esos contratos fueron independientes. "No es una ciencia exacta, está sometido a interpretaciones, pero ante la duda optamos por la opción más segura, que era la de expresar las dudas; nadie me ha dicho, Diego, esto es así", ha sostenido. Ante esa duda, ha manifestado, "la forma más segura es que no se aprobase por decreto sino como reconocimiento extrajudicial de crédito".Al ser preguntado sobre la posibilidad de que él pudiese actuar condicionado por su procesamiento por una causa similar, de la que resultó absuelto, ha señalado que actuó "por la experiencia acumulada".El juicio prosigue este miércoles con la declaración de la exportavoz municipal de Ciudadanos, Yaneth Giraldo, y el actual portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, además de varios técnicos municipales.