El síndic adjunto de Ciudadanos (C's) en Les Corts valencianas, Alexis Marí, ha asegurado que"la aprobaciónde un objetivo de déficit del 0,3 por ciento para 2016 pone de manifiesto la necesidad de acometer cuanto antes las reformas necesarias en el modelo de financiación que permitan garantizar la viabilidad y estabilidad presupuestaria de la Generalitat Valenciana". Tras conocerse que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el Ministerio de Hacienda ha fijado el mismo objetivo de déficit para todas las Comunidades Autónomas, el 0,3 por ciento del PIB para 2016, el portavoz de C's ha señalado que este nuevo objetivo"supone un claro aviso al Consell, que debe acometer sin falta la puesta en marcha de políticas de eficiencia en la gestión de los recursos públicos".
"Si bien es cierto que cumplir un objetivo del déficit del 0,3 por ciento sin una revisión del modelo de financiación y en un entorno de débil recuperación económica dificulta el equilibrio entre ingresos y gastos, no se debe caer en la excusa de que los gastos en sanidad, educación y servicios sociales son inflexibles", ha señalado Marí, quien ha abogado por"introducir políticas de eficiencia que garanticen la prestación de dichos servicios sin que por ello se vea mermada ni la calidad asistencial ni el acceso universal a estos servicios".En esta línea, ha instado al Gobierno valenciano a"gestionar de manera responsable los recursos y a establecer claramente cuáles son sus prioridades".
"Desde Ciudadanos apostamos por aplicar recortes donde le duele a los políticos, nunca en gasto social, por lo que instamos al Consell a que abandone el discurso victimista a la hora de reclamar dinero en Madrid, puesto que no es de recibo que se incremente el número de conselleries y altos cargos, y a continuación, se lamente la infrafinanciación de la Comunidad Valencia",ha añadido el diputado de C's.
Respecto al sistema de financiación autonómica, Marí ha señalado que en la Comunidad Valenciana"hay un grave problema de infrafinanciación que debe ser resuelto cuanto antes mediante un debate multilateral entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas, de forma responsable, transparente y solidaria,para aprobar un modelo cuyo principio básico sea garantizar la igualdad de acceso de todos los ciudadanos a los servicios públicos, especialmente sanidad, educación y servicios sociales, con independencia de su lugar de residencia".
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