El Consell aprueba el anteproyecto de la ley que convertirá al IVF en Banco Publico con el objetivo de priorizar a pymes y a proyectos sociales y sostenibles

El texto recoge modificaciones concretas sobre 34 leyes con incidencia en las cuentas autonómicas para el próximo ejercicio. Tras un periodo de exposición pública, el anteproyecto se remitirá ahora a los órganos consultivos para que emitan los informes preceptivos.

Entre las novedades, destacan los cambios legales que van a permitir convertir al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) en el Banco público de la Generalitat, con la obligación, según la ley, de "dirigir su actividad principalmente hacia los sectores productivos de la Comunitat Valenciana, pymes y emprendedores", así como de "incentivar la adopción por parte de las empresas de criterios de sostenibilidad, tanto económica como social o medioambiental".

El nuevo IVF, configurado como una entidad pública empresarial, gozará de plena autonomía para dar apoyo financiero a autónomos, profesiones y personas jurídicas privadas para iniciativas de cualquier ámbito sectorial, "con la excepción del sector de la promoción inmobiliaria, que no puede ser financiado por el Instituto Valenciano de Finanzas".

De este modo, se introduce por ley la prohibición de otorgar créditos destinados a este ámbito sectorial, un veto que hasta ahora era únicamente una decisión interna no recogida en una disposición legal.

El texto incluye una excepción a esta prohibición general, que es la vivienda protegida, de manera que se regula por primera vez la participación del instituto en el impulso de la VPO.

Además, el instituto incorporará una mirada social a su actividad, que le permitirá bancarizar sectores que adolecen de infradotación de servicios financieros fundamentales, tales como la atención a discapacitados, la cultura o la formación.

El IVF estaba compuesto por dos áreas claramente diferenciadas: el área de carácter público (política financiera de la Generalitat) y el área privada (actividad crediticia e inversiones).

El anteproyecto de Ley de Acompañamiento materializa la escisión del IVF entre estas dos áreas, de forma que la relativa a la actividad crediticia e inversiones se configurará como el nuevo Banc de la Generalitat, mientras que las funciones y competencias en materia de política financiera y tesoro, certificación y firma electrónica pasan a integrarse en la Generalitat.

La nueva etapa del IVF se caracteriza por un cambio radical en las formas de gestión, destacando la apertura de líneas de contenido social y cultural, con una especial atención a las microempresas y los autónomos.

Destaca, entre ellas, la línea de préstamos a centros de atención a personas con diversidad funcional y la línea de préstamos a empresas que imparten cursos para desempleados en el marco de las ayudas el SERVEF.

A partir del 1 de enero, el Banc de la Generalitat dispondrá de un fondo dotado con 70 millones de euros para parados y emprendedores. Los recursos estarán destinados a apoyar la creación de negocios por parte de personas desempleadas y una segunda línea se dirigirá a fondos de inversión "startup" o de capital de riesgo.

La deducción por alquiler, ahora más fácil

La ley de Acompañamiento también modifica uno de los requisitos exigibles para beneficiarse de la deducción por arrendamiento de vivienda habitual y por arrendamiento de vivienda como consecuencia de la realización de una actividad.

Hasta ahora se exigía que, para que el inquilino se beneficiase de la deducción, el arrendador tenía que haber realizado el depósito de la fianza.

Esto suponía hacer depender el derecho de la deducción del arrendatario, de la obligación de depositar la fianza por parte del arrendador, que consiste en un mero trámite administrativo.

De este modo, los valencianos que cumplan con los requisitos establecidos -lo que incluye la presentación del justificante de abono del impuesto de trasmisiones patrimoniales derivado del alquiler- podrán aplicarse la deducción con independencia de que el arrendador deposite o no la fianza.

Con esta medida, el Consell se hace eco de una recomendación tanto del Síndic de Greuges como del Defensor del Pueblo, en beneficio de miles de valencianos.

Se garantiza el gasóleo profesional para transportistas

Asimismo, se amplía hasta el 31 de diciembre de 2018, la vigencia del tipo de devolución del gasóleo profesional para los transportistas (48 euros por 1.000 litros), aplicable en relación con el tipo autonómico del Impuesto sobre hidrocarburos establecido para el gasóleo de uso general, al persistir, actualmente, las circunstancias socioeconómicas que justificaron su establecimiento.

Apoyo a la maternidad y a conocer a la familia biológica

En materia de Igualdad y Políticas Inclusivas, la Ley de Acompañamiento simplifica el procedimiento para que las personas adoptadas conozcan sus orígenes. Para ello se suprime la intervención de las personas mediadoras en el procedimiento y se atribuye esta competencia a la entidad pública.

De esta forma, se facilita el ejercicio del derecho a la búsqueda y conocimiento de la filiación y la identificación familiar biológica de las personas adoptadas.

Asimismo, en materia de Función Pública se introduce un nuevo permiso retribuido para las funcionarias de la Generalitat a partir del primer día de la semana 37 de embarazo hasta la fecha de parto.

En caso de gestaciones múltiples, el permiso podrá iniciarse el primer día de la semana 35 de embarazo. El objetivo de esta medida es prestar más apoyo a la familia en el último periodo del embarazo, que generalmente suele ser complicado.

Los ayuntamientos colaborarán en la construcción colegios

La Ley de Acompañamiento también regula la posibilidad de delegar competencias a los ayuntamientos en materia de construcción y mejora de centros educativos, una medida a la que se destinarán más de 700 millones y que anunció el Presidente de la Generalitat en el último Debate de Política General de las Corts Valencianes. El plan persigue la erradicación definitiva de los barracones escolares.

A la iniciativa podrán sumarse todos los ayuntamientos que lo deseen, habida cuenta de que son ellos los que mejor conocen las necesidades educativas de sus poblaciones.

Mejora la dispensación de medicamentos en centros asistenciales

En materia de sanidad, la Ley de Acompañamiento establece que las personas residentes en centros sociosanitarios privados podrán beneficiarse del servicio de dispensación de medicamentos en las mismas condiciones que los que residan en centros públicos.

En este sentido, los principios que rigen la prestación farmacéutica en centros sociosanitarios (equidad, calidad y prestación asistencial) se aplicarán a todas las personas, independientemente de la titularidad del centro en que se encuentren.

Integración del personal tras el rescate del hospital de La Ribera

En materia de concesiones sanitarias, se regulan los efectos para el personal de la extinción del contrato de gestión de servicio público por concesión del departamento de salud de La Ribera, teniendo en cuenta que en marzo de 2018 se producirá la extinción del contrato, de forma que, con fecha de 1 de abril de 2018, el servicio revertirá a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

La norma garantiza el que la Generalitat se subrogará en la condición de empleador que tiene la actual concesionaria. De este modo, el personal afectado seguirá en sus puestos en condición de personal a extinguir, desempeñando sus tareas y con idéntica condición de personal laboral hasta que cese por fallecimiento, jubilación o cualquier otra causa legal.

Mejora de la calidad acústica

Por otra parte, con el objetivo de mejorar la calidad acústica en el entorno de las carreteras y otras infraestructuras de transporte y su integración en entornos urbanos y rurales, se modifica la Ley 7/2002 de Protección contra la contaminación acústica con el fin de establecer, entre otras cuestiones, que los nuevos proyectos de infraestructuras que se ejecuten han de cumplir con objetivos de calidad actualizados y para ello han de usar la mejor tecnología disponible de protección contra ruidos y vibraciones.

Asimismo, en el caso de que una infraestructura de transporte supere en más de 10 db los limites fijados, la Administración adoptará un plan de mejora de la calidad acústica.

Las rifas de cestas de Navidad, exentas de tributar

En el ámbito del juego, la Ley de Acompañamiento establece la exención de cualquier tributo a las rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias organizadas por la ONCE y Cruz Roja.

Asimismo, se introduce una nueva exención que afecta a las rifas y tómbolas declaradas de utilidad pública y benéficas, y a aquellas que se realicen con ocasión de acontecimientos de arraigo popular o de carácter tradicional, tales como las rifas de cestas de navidad organizadas por comercios o establecimientos de hostelería.

Medidas para proteger a menores y ludópatas en el juego

La ley de Medidas también avanza la revisión de la fiscalidad del juego que formará parte de la reforma global del Juego cuyo anteproyecto ha sido sometido ya a información pública.

La parte fiscal se anticipa ahora en la Ley de Acompañamiento ya que por razones técnicas debe estar en vigor el 1 de enero.

La futura ley del Juego incluirá medidas muy contundentes contra la ludopatía y para la protección de los menores. Entre éstas, el Control de Acceso a los Salones de Juego de manera que se asegurará fehacientemente que ningún menor o ludópata pueda acceder a un local de estas características.

Esta norma consagrará los principios de Juego Responsable y revisará el régimen sancionador para reforzar la protección de menores y personas que han caído en el juego descontrolado.

Asimismo, romperá situaciones de monopolio injustificable en sectores como los casinos y, por primera vez, legalizará las apuestas en la pilota valenciana que hasta ahora vivían en una situación anómala.



Homologación de la fiscalidad del juego al resto de CCAA y el Estado

En cuanto a la fiscalidad del juego incluida en la Ley de Acompañamiento, la reforma se acomete para alinear a la Comunitat Valenciana con la tributación media vigente en el resto de autonomías y con el Estado.

En concreto, en el caso de la explotación de máquinas recreativas y de azar, las llamadas "tragaperras", la tributación de la Comunitat Valenciana pasa de una cuota trimestral para las máquinas tipo B de un jugador -las más usuales- de 800 euros, la tarifa más baja de todas las autonomías, a situarse en la media, con 900 euros.

Es la sexta más baja del conjunto de todas las comunidades, con la misma cuantía que Cantabria, La Rioja, Madrid y Castilla y León, y sigue estando por debajo de los tipos vigentes en 2011, cuando se bajaron como consecuencia de la situación del mercado.

La fiscalidad se homologa también al resto de comunidades en el caso de los casinos. En concreto, el primer tramo (para bases imponibles hasta los 2 millones de euros), cuyo gravamen estaba fijado en el 15%, el tipo autonómico más bajo, se sitúa en el 20% como Cataluña y por debajo de otras comunidades como Madrid (22%) o Galicia (20%, hasta 1,6 millones, y 38%, hasta 2,7 millones). Al igual que con las máquinas recreativas de premio, es inferior a los tipos vigentes en 2011.

En el caso de las apuestas, se fija un tipo del 20% sobre las ganancias (cantidades apostadas menos premios pagados). El gravamen es coherente con los vigentes en el resto de modalidades de juego -rifas y tómbolas (20%), bingo electrónico (25%) o casinos (del 20% al 50%)- y está además en la línea de la normativa estatal vigente, que establece un tipo entre el 22% y el 25% para las apuestas on line, según modalidades.

Por primera vez, la ley de acompañamiento no incluye la regulación y actualización de las 4.600 modalidades de tasas existentes, ya que, asumiendo una recomendación de hace años del Consell Jurídic Consultiu, el actual Gobierno valenciano ha presentado una ley de Tasas propia, actualmente en tramitación en las Corts, mediante la que se procede a la revisión, actualización y sistematización de todas las tasas.