Ante la celebración del acto
solemne de apertura del año judicial en el ámbito
valenciano, desde Jueces para la Democracia (JpD) entendemos
que resulta adecuado efectuar un análisis sobre la situación
de nuestra administración de justicia. Y resulta necesario
partir de las notables insuficiencias que continúan
afectando a nuestro sistema judicial y que están provocando
un descontento visible en la ciudadanía, como se refleja en
los estudios de opinión.
En la actualidad, gran parte de los
órganos judiciales valencianos están trabajando con una
carga superior al 200% de la entrada de asuntos prevista por
el CGPJ, según indican sus propios informes. El resultado de
esta sobrecarga es una importante demora en la resolución de
los asuntos, lo cual afecta muy negativamente al derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva y a las
expectativas de ciudadanos y ciudadanas a que sus litigios
se resuelvan en plazos razonables.
A pesar de estas insuficiencias
estructurales y en un contexto de creciente litigiosidad, en
los últimos cinco años no se ha creado ningún nuevo órgano
judicial, lo cual no tiene precedentes en las últimas
décadas. Y ello a pesar de que en su momento se acordó la
creación de 15 nuevos juzgados, que nunca llegaron a ponerse
en funcionamiento. De hecho, un informe del CGPJ de 2011 ya
señalaba que la Comunidad Valenciana necesitaba al menos 63
nuevos juzgados. La Comunidad Valenciana tiene los índices
de litigiosidad más elevados de España, sin que ello haya
provocado medidas específicas que solucionen estas
alarmantes situaciones de sobrecarga.
Esta falta de respuesta
institucional contrasta con unas necesidades reales que
muestran con claridad la situación a la que se enfrentan los
órganos jurisdiccionales valencianos: en el ámbito civil se
está haciendo frente a una verdadera avalancha de
procedimientos por temas bancarios, como preferentes,
cláusulas suelo y todo tipo de cláusulas abusivas; en la
jurisdicción penal, en el ámbito valenciano estamos a la
cabeza del país en procedimientos complejos y macrocausas
por corrupción; en el orden contencioso-administrativo un
número insuficiente de magistrados y magistradas han de
hacer frente a más de 18.000 asuntos al año; y la
jurisdicción social se encuentra desbordada ante el
incremento de asuntos derivados de la crisis económica, los
despidos y los reajustes laborales, con señalamientos a muy
largo plazo, ante la imposibilidad de hacer frente en plazos
más cortos al volumen de trabajo. En el mismo sentido, los
juzgados mixtos de las distintas comarcas valencianas están
de forma sistemática por debajo del número de juzgados con
el que debían contar.
En particular, debemos remarcar que
compartimos la preocupación de la sociedad valenciana por la
enorme cantidad de investigaciones judiciales por casos de
corrupción. La actuación de las tramas corruptas es una
verdadera amenaza para las instituciones y para el Estado de
Derecho. Nuestros órganos judiciales necesitan de más
peritos especializados, expertos en delincuencia financiera
y agentes policiales dedicados a esta problemática, porque
están en juego valores esenciales de nuestra democracia.
Por otro lado, la carencia de
medios materiales continúa siendo especialmente preocupante,
con algunas excepciones. Numerosos edificios judiciales no
cuentan con las suficientes condiciones de salubridad, ni
cumplen correctamente las normas de seguridad y salud
laboral, especialmente en los pueblos. Y una muestra clara
de estas insuficiencias es la precaria situación del
Tribunal Superior de Justicia, el edificio judicial más
emblemático de la Comunidad Valenciana, que todavía tiene
pendiente su rehabilitación prometida desde hace muchos
años. Además, las plantillas de personal se han reducido en
los últimos años y por ello resultan insuficientes para
hacer frente a un creciente número de asuntos. Consideramos
que debe agilizarse el proceso de digitalización, para que
en algún momento pueda alcanzarse la desaparición del papel
en los órganos judiciales, pero para ello hay que contar con
los instrumentos tecnológicos adecuados.
En consecuencia, hacemos un
llamamiento a la administración autonómica y al gobierno
central, para que incrementen de forma sensible los
presupuestos en materia de justicia. Debemos recordar que el
Estado de Derecho se basa especialmente en la existencia de
órganos judiciales que tutelen los derechos fundamentales de
la ciudadanía. Y ello solo puede llevarse a cabo con unos
instrumentos esenciales que hagan posible el ejercicio de
las funciones del poder judicial.
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