Un 25% de los usuarios abandona los centros ocupacionales de Sagunto por el copago

El copago ha obligado a una docena de familias de la comarca a prescindir de los servicios que ofrecen los centros ocupacionales de Sa­gunto, lo que representa el 25% del total. Tanto en So­coltie como en San Cristóbal ya se han producido las pri­meras bajas (cuatro y ocho, respectivamente) y, si la Con­selleria de Bienestar Social no rectifica y aplica pronto la sentencia del Tribunal Supe­rior de Justicia de la Comu­nitat Valenciana (TSJCV) que anula el decreto del Consell que establece el copago, a esta docena de usuarios que ya se han dado de baja se su­marán muchas más.

El problema, según narran la directora de Socoltie y su homólogo en San Cristóbal, es que muchos usuarios no pueden hacer frente a este copago, que en algunos ca­sos alcanza hasta el 90% del coste de la plaza. De hecho, en ambos centros, las bajas se han producido entre los usuarios que pagaban 200, 300 e incluso 400 euros por el servicio. La cantidad se es­tablece en relación a la renta de la unidad familiar, y no a la capacidad económica del usuario.

Dificultades

A esto hay que sumar la situación por la que atravie­san algunas familias con di­ficultades económicas, que dependen de la paga del fa­miliar que sufre una disca­pacidad para poder llegar a fin de mes. “Se quedan en el paro algunos miembros de la familia y deciden que el usuario deje el centro, para poder subsistir con la ayuda que recibe”, apunta el direc­tor del Centro Ocupacional San Cristóbal, Pedro Miguel Rubio.

No obstante, “el único per­judicado es el usuario por­que deja de hacer actividades que le ayudan a su desarrollo educativo, social y personal”, matiza Rubio.

Por otra parte, la deuda del Consell, que se ha com­prometido a pagar el 40% que queda de la resolución anual a finales de este mes, asfixia a los dos centros, que pagan con retrasos las nóminas a los trabajadores y el pago a los proveedores.

Cabe destacar que el TS­JCV ha anulado el decreto del Consell que establece el copago en los servicios diri­gidos a mayores y a las per­sonas con discapacidad al considerar que es “coactivo” y “vulnera el principio de re­serva de ley, el de legalidad en materia tributaria y el de jerarquía normativa”.

Además, la sentencia tira por tierra el argumento del Consell y defiende que el servicio que se ofrece es “ob­jetivamente indispensable para poder satisfacer las ne­cesidades básicas de la vida personal o social de los par­ticulares” porque “se trata de servicios primarios asis­tenciales, básicos e impres­cindibles”.

La Conselleria de Bienes­tar Social ha recurrido ante el Tribunal Supremo la sen­tencia y ha instado a todos los centros a mantener el co­pago hasta que se resuelva el proceso judicial. Un trámite que puede durar años, se­gún ha criticado el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Co­munitat.

Esta situación mantiene en vilo al centenar de usua­rios de San Cristóbal y So­coltie, ya que “están a la expectativa de lo que pueda suceder”, afirma la directora de Socoltie.