La legalidad de la marihuana sin THC en España es, más que una lÃnea recta, un laberinto de normas vagas, cambios poco visibles y vacÃos legales que parecen interminables. Quien se ha acercado al sector nota enseguida esta falta de claridad; no es raro escuchar teorÃas y opiniones dispares sobre si hay un lÃmite fijo del 0,2% de THC o si todo es cuestión de interpretación según el caso y el agente implicado. En este contexto, los productores suelen actuar como funambulistas, avanzando con pies de plomo por una cuerda floja legal, mientras que los consumidores buscan certezas que el mercado, hoy, apenas puede asegurarles.
Realmente, todo el mundo repite el famoso 0,2% de THC, casi como si fuera una ley grabada en piedra, aunque lo cierto es que no existe una norma concreta que la recoja con claridad en España para todas las situaciones. Para ilustrar esta complejidad, sólo hay que ver la experiencia de quienes ofrecen productos como marihuana sin THC de IberoHemp, que deben navegar interpretaciones cambiantes y consultar fuentes de toda Ãndole para mantener la legalidad de sus operaciones. Por otro lado, gran parte de la incertidumbre se explica porque las regulaciones no avanzan al mismo ritmo que el mercado ni la ciencia; es como correr una carrera en la que la meta siempre se mueve.
Uno de los puntos que más controversia genera es ese supuesto "umbral legal" del THC: el famoso 0,2% que muchas veces se menciona casi como una cifra mágica, cuando resulta que no todos los documentos oficiales la recogen ni siquiera de manera indirecta. Aquellos que intentan descifrar la maraña legal suelen encontrarse con silencios y lagunas en la normativa. A dÃa de hoy, no se ha localizado ningún texto español que lo diga con contundencia para todos los productos relacionados con el cáñamo.
Aquà surge uno de los mayores enredos. No existe una ley única, sino un mosaico de requisitos que, a menudo, se solapan más que aclarar. Instituciones como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), verdaderos "guardianes" de medicamentos y cosméticos, intervienen sólo en parte y centran sus pautas en sustancias fiscalizadas; no tienen, sorprendentemente, lÃneas precisas destinadas al cáñamo industrial en particular.
No es difÃcil toparse con productos como aceites o flores que viven en ese "gris" legal, dependiendo de la interpretación de los funcionarios responsables y de cómo se cruzan leyes de estupefacientes y normas agrÃcolas.
Por cierto, quienes buscan información práctica sobre el sector suelen encontrar ayuda y orientación clara en portales como iberohemp.com, que recopilan y explican novedades del mercado. Este tipo de recursos alivian, aunque sea un poco, el desconcierto regulatorio que rodea al mercado nacional.
El entramado legal legÃtimamente puede recordarnos a un puzle sin imagen guÃa: fragmentos de decretos, referencias europeas un tanto desactualizadas y una alarmante carencia de textos que reflejen lo que sucede a pie de calle. La falta de armonÃa hace que interpretar la legislación sea casi tanto arte como ciencia.
Durante años, el Real Decreto 1729/1999 ha servido como brújula, aunque un repaso atento a sus publicaciones y cambios recientes muestra que jamás concreta el lÃmite de THC en el cáñamo. Como ocurre con una señal borrosa, su valor para el cultivador medio queda limitado: plantea obligaciones, pero deja el número clave, el porcentaje legal, al aire.
No es casualidad que mucho del enredo sobre el THC tenga raÃces europeas. Las polÃticas de la Unión Europea, sobre todo las relativas a la PolÃtica Agraria Común (PAC), sà recogen cifras como el 0,2% o el 0,3%, aunque su ámbito haya sido tradicionalmente el de la agricultura y el pago de subvenciones, no tanto el de la venta o consumo. Por eso, apoyarse sólo en la legislación europea resulta arriesgado: las normas agrÃcolas no sustituyen las de comercialización.
Esta falta de correspondencia inmediata con la comercialización añade, sin duda, tensión y desconfianza para quienes se acercan a comprar productos de cáñamo, pues la seguridad jurÃdica siempre queda a la espera del próximo cambio normativo.
En este panorama, anticipar problemas es casi un deporte de alto riesgo y, por eso mismo, la cautela se vuelve regla de oro. Cometer un error por exceso de confianza puede salir realmente caro. En España, quienes se mueven en el sector del cáñamo sin THC hacen bien en seguir algunos pasos prácticos y lógicos, aunque el camino nunca sea completamente seguro.
Consultar siempre el BoletÃn Oficial del Estado (BOE) y buscar el Real Decreto 1729/1999 junto a cualquier otra referencia nueva, sin dejar estos detalles "para mañana".
No pasar por alto las publicaciones periódicas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y de la AEMPS, aunque no ofrezcan certezas absolutas.
Contar con ayuda profesional en derecho, sobre todo en casos donde la autoridad sea especialmente estricta o restrictiva; aquà no hay sustituto para un buen consejo legal personalizado.
Resumiendo, aunque el público y las empresas esperan una solución clara, la sensación dominante es la de ambigüedad. Hasta que la legislación ponga negro sobre blanco en cuanto al THC, permaneceremos en una especie de limbo legal. Mientras, cada paso exige un ojo puesto en el BOE y otro en la interpretación jurÃdica del momento. Nadie tiene la última palabra, salvo la próxima actualización de la ley.
El futuro del sector, indudablemente, será más estable cuando las normas se actualicen y reflejen la realidad social y económica. Por ahora, la prudencia y la información actualizada siguen siendo los mejores aliados para avanzar en este campo, que cambia casi tan deprisa como la propia sociedad.
