Jose Antonio Sancho, exsecretario de Canet dEn Berenguer-EPDAEl juzgado de lo penal número 15 de Valencia ha dictado sentencia a favor del exsecretario municipal de Canet d'En Berenguer José Antonio Sancho Sempere y la exalcaldesa de Gandía Vanessa Martínez, un fallo que los absuelve de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad en documento mercantil. Asimismo, se absuelve a la Academia Valenciana de Juristas, un chiringuito controlado por Sancho hasta 2016, de la ''responsabilidad civil y penal'' y queda exenta de pagar multa.
Los antecedentes en los que se basa la denuncia presentada contra el ex secretario de Canet, quien se encuentra actualmente interno en el Centro Penitenciario de Picassent, por el delito de cohecho a raíz de la trama de las asesorías de las administraciones locales que pagaban por informes de conveniencia, se remontan al año 2007, cuando la exalcaldesa Vanessa Martínez llegó a la alcaldía, tras el cese del cargo de la que fue entonces la Secretaria Interventora del Ayuntamiento de Gandía, Dulce Fort. Martínez, contrató los servicios de una empresa para que ejerciera las funciones generales de asesoramiento jurídico y técnico al Ayuntamiento de Real de Gandía, sobre cualquier tema que surgiera en el devenir diario de la actividad municipal, la empresa, que lleva por nombre "Academia Valenciana de Juristas", se presenta en sus estatutos como una organización empresarial sin ánimos de lucro inscrita en el 2001 y que coincidía en el número de domicilio del exalcalde acusado.
La acusación en contra del exsecretario se basaba en presuntas irregularidades que se presentaban en los pagos hechos a la Academia Valencia de Juristas que el propio Ayuntamiento contrató, así como irregularidades en la contratación y prestación de estos servicios. Dichos trabajos de asesorías los realizó José Ramón Llopis Cotanda como miembro de la Academia Valenciana de Juristas, constando facturas en diciembre de 2007, enero, febrero y marzo, todas ellas sin reparos y con la firma de la alcaldesa, el tesorero y la secretaria interventora.
