Sancho y su mujer, Amparo González, al salir del juicio en el que fue condenado junto a Natividad García. FOTO P. V.El Tribunal Supremo (TS) acaba de confirmar la condena a dos años de cárcel al ex secretario de Canet d'En Berenguer, José Antonio Sancho Sempere, por delito de cohecho a la ex alcaldesa de La Pobla de Farnals, Natividad García, pero, ¿cómo fue el proceso de soborno de Sancho hacia la tránsfuga del PP? El Periódico de Aquí ha tenido acceso al auto del TS que explica aquel episodio corrupto, cuya noticia fue adelantada en exclusiva.
En los hechos probados, se recoge ''de forma nítida'' que ''sobre mayo de 2009 y con la finalidad de garantizarse el acusado -J. A. Sancho- que el Ayuntamiento mantendría este tipo de contratación con sus empresas, pactó con Natividad García que la compensaría periódicamente o bien favorecería su contratación en dichas empresas con carácter remunerado. De este modo, en fecha 22 de mayo de 2009 José Antonio Sancho Sempere efectuó a la alcaldesa una transferencia a su cuenta particular por 4.500 euros bajo concepto de préstamo; la empresa del acusado Millena III Milenio SL -cuyo administrador único era, sin embargo, Juan José Sánchez, gerente del Hotel Playa Canet- en fecha 2 de febrero de 2011 pagó a Natividad García la suma de 2.900 euros mediante cheque; y el 15 de julio de 2011 Sancho Sempere volvió a realizar una transferencia a la cuenta particular de la acusada por importe de 1.200 euros bajo el concepto de 'Mi entrega' (sic)''.
La sentencia lo deja claro, pese a las artimañas que intentaron aplicar los corruptos Sancho y García, durante el juicio: ''las entregas dinerarias son compensaciones económicas periódicas, aunque una de ellas lo pretenda encubrir como préstamo (...) y la percepción de la cantidad del acusado Millena III Milenio SL obedece a la cesión de un trabajo de esta empresa del acusado para que lo realizase y cobrase Natividad García''.
Prosigue el TS señalando que ''doctrinalmente nos hallamos ante la modalidad de cohecho activo y pasivo respectivamente de una conducta en cuanto el tercero José Antonio Sancho da u ofrece y la alcaldesa Natividad García recibe''.
NATI COMPRÓ CASA Y COCHE
La justicia desmonta la estrategia de defensa de los dos sujetos corruptos, que intentaron hacer creer al juez que el dinero recibido por Natividad García y pagado por Sancho o sus empresas se debía a un ''préstamo''. En realidad, la justicia lo califica como ''donación'', ya que ''la acusada no padecía una situación precaria, que además difícilmente hubieran resuelto esas módicas cantidades. La acusada consta que se compró un piso al llegar a la alcaldía y también un coche''. Sancho intentó también hacer creer al juez que, al no haber sido devuelto el supuesto préstamo a la ex alcaldesa, presentó una demanda para recuperarlo. Pero la justicia no se tragó el anzuelo, al recordar que ''el proceso monitorio instado por el acusado en reclamación de la devolución del préstamo, se produjo varios años después de la iniciación de las diligencias por la Fiscalía (la denuncia se presentó el 19 de mayo de 2011 y el auto de incoación de Diligencias Previas el 11 de julio de 2013)''.
Hay que recordar que el 18 de octubre de 2008, Natividad García tomó posesión como alcaldesa de La Pobla de Farnals (l'Horta Nord), por una moción de censura que hizo junto a otro compañero en las listas del PP, apoyados por los concejales socialistas del momento, capitaneados por el ex alcalde, Josep Vicent Sanchis. Con sus votos, mandaron a la oposición al alcalde, José Manuel Peralta. Y aquí empezó un periodo de tiempo convulso en el Consistorio de La Pobla, que acabó con la llegada de Sancho al mismo, como interventor acumulado, amén de asesor de la alcaldesa y el equipo de gobierno, junto a José Rajadell, funcionario de La Pobla que recaló en el Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer por una permuta con la hija del ex secretario municipal, que pasó de Canet a La Pobla de Farnals.
En este mismo periodo la hija de Sancho y la mujer del entonces alcalde socialista de Canet d'En Berenguer, Octavio Herranz, consiguieron una plaza de funcionaria en La Pobla de Farnals. La primera continúa allí, mientras la segunda está actualmente en el Consistorio de Torrent (l'Horta Sud).
LA HIJA, EL HIJO Y LA MUJER
Sancho llegó en ese momento a La Pobla de Farnals. ''Ante la necesidad de cambiar los profesionales que se habían encargado con anterioridad del asesoramiento en diversos temas de la actividad del Ayuntamiento (urbanísticos, de personal, jurídicos, procesales...) concertó con José Antonio Sancho Sempere, y a quien poco antes le había sido presentado por persona de confianza, que se encargara de todo ello a través de contratos menores formalizados en las facturas que fuera librando, bien personalmente o a través de profesionales pertenecientes a las entidades Academia Valenciana de Juristas, Millena III Milenio, Asesores Profesionales y José Antonio Sancho Abogados SL que el acusado gestionaba y controlaba''. En esta última firma estaba, además, el hijo de Sancho y jefe de la Policía Local de Canet, José Antonio Sancho González.
EL FISCAL Y PARRA MATEU
La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para el ex interventor del Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana, Rafael Parra Mateu, por estafa y falsedad en el Ayuntamiento de Buñol en una de las piezas separadas de la 'trama de las asesorías'. Parra está siendo investigado junto a José Antonio Sancho Sempere, como los presuntos cabecillas de un entramado de sociedad qeu asesoraban a pequeños Ayuntamientos por la prestación de servicios, jurídicos y económicos, que supuestamente no se realizaban o cuyas facturas estaban infladas.
Según el escrito del Ministerio Público al que ha tenido acceso El Periódico de Aquí, el fiscal acusa a Asesores Económicos Públicos SL de reclamar una factura al Ayuntamiento de Buñol por servicios que no se habían prestado. ''Rafael Parra remitió una carta al alcalde de la Mancomunidad de la Hoya de Buñol en la que le exigía el pago de una factura por importe de 5.974 euros en concepto de supuestos servicios de asesoramiento económico prestado durante el ejercicio 2007 (...). El alcalde de dicha localidad, con el asesoramiento de la secretaria de la Corporación, le indicó que los servicios no se habían prestado y le requería para que, en su caso, enviasen la documentación''. El fiscal pide dos años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por falsedad y otros cinco meses de prisión e inhabilitación por estafa.
