Imagen de archivo del exministro José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo el pasado 12 de febrero. EFE- JJ Guillén
El juicio al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama por presuntas mordidas en contratos de mascarillas no podrá verse en directo, al rechazar el Tribunal Supremo "la retransmisión íntegra o parcial de la señal, ni en directo ni en diferido".
El Alto Tribunal seguirá en el primer juicio del conocido como caso Koldo la misma fórmula que adoptó en la vista oral que acabó con la inhabilitación del anterior fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Según ha informado el Supremo, los medios de comunicación dispondrán de señal institucional de la vista, que se desarrollará entre el 7 y el 30 de abril, y la podrán captar en los espacios habilitados a través de distribuidores de audio analógico y vídeo.
Esta señal podrá ser utilizada "únicamente para la elaboración de piezas informativas", es decir, los medios solo podrán difundir aquellos extractos que consideren precisos.
En definitiva, "no está permitida la retransmisión íntegra o parcial de la señal ni en directo ni en diferido".
Ábalos afronta en este juicio una petición de la Fiscalía Anticorrupción de 24 años de cárcel, ligeramente superior a los 19 y medio de quien fuese su asesor, Koldo García, aunque las acusaciones populares que coordina el PP piden para ambos 30 años.
El tercer acusado, Víctor de Aldama, encara la petición más baja -7 años de cárcel- al contemplar las acusaciones su colaboración con la Justicia tras confesar el pago de comisiones.
Están acusados de concertarse para obtener "un común beneficio económico" en la contratación pública de empresas captadas por Aldama, aprovechando el cargo de Ábalos en el Gobierno y en el PSOE como secretario de Organización.
Los tres serán los últimos en declarar, después de aportar su versión los más de 80 testigos citados por el Supremo, entre ellos el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que han pedido declarar por escrito.
