Ataque a la libertad de expresión

Últimamente hemos visto que por parte del Gobierno y algunas instituciones sustanciales de la Administración del Estado y con la excusa de acabar con los bulos o noticias falsas, se está intentando mermar nuestra libertad de expresión. Se ha llegado inclusive a utilizar a la Fiscalía para silenciar a la oposición con la mencionada excusa. Los juristas hemos dicho y venimos diciendo, que perseguir noticias incluso bulos que puedan perjudicar a las instituciones y por ende al partido político que las gestiona, es un ataque a un derecho fundamental.

La libertad de expresión e información son derechos sagrados que constitucionalmente vienen reflejados como intocables, pues es la esencia de la democracia. Intentar por parte del Gobierno (o de los partidos que lo conforman) silenciar con tan mezquina excusa a los que los critican, es una acto manifiestamente ilegal, salvo que haya indicios de la comisión de un delito y ordenado por el Poder General. Es muy peligroso que la Administración del Estado o cualesquiera otras, tengan la capacidad para controlar la libertad de expresión, pero sobretodo la legitimación de controlar opiniones o silenciar ideas que no les conviene, en claro ataque a esta libertad de expresión.

Dichos políticos han aludido al artículo 5 de la Ley Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Dicho precepto viene señalando como principio esencial el respeto a la Constitución y al resto del Ordenamiento Jurídico, ejerciéndolo (los cuerpos de policía y seguridad del estado) en cumplimiento de sus funciones y con absoluta neutralidad política e imparcialidad. El límite por tanto de esta libertad de expresión, es la comisión de un delito y no puede entrar la Administración en si le gusta o no le gusta y decidir que es noticia y que no es noticia, o como dice alguna Ministra que "no se pueden tolerar actos que desprestigien la buena actuación de la Administración" con la excusa que en esta Administración se encuentran profesionales de reconocido prestigio. Esto nos recuerda a Minority Report, película que sancionaba y detenía al asesino antes de cometer el asesinato. Esta tesis es incompatible con la democracia, la Administración, la Fiscalía o los Jueces de Instrucción pueden intervenir de oficio o investigar cualquier conducta que tenga indicios racionales de criminalidad, pero abstracción hecha de este supuesto, son los propios ciudadanos, las asociaciones o los partidos políticos, los que deben bajo su responsabilidad tutelar lo que dicen o manifiestan, sin necesidad de que les tutele nadie y menos la Administración Pública o el Gobierno.

Es lamentable que George Orwell en su novela 1984 plasmase algo similar, a lo que sí les dejásemos a éstos harían o lo que es peor que se convierta el propio Gobierno en un tribunal de orden público contra el que me he opuesto en muchas ocasiones.

El principio de legalidad constitucional debe por tanto ser tutelado por los Jueces y Tribunales. Los estados de alarma, excepción y sitio se encuentran perfectamente regulados en la Constitución y no se debe permitir ni al Gobierno, ni a la oposición que el contenido del Decreto Declarativo de uno de ellos se exceda un ápice en el recorte de derechos y libertades. El respeto a las ideas del otro, a los derechos del otro, es fundamental en la convivencia democrática.

Ya lo decía Herodoto, primer historiógrafo del mundo antiguo que estuvo hasta de acuerdo con su destierro por respeto a la opinión de sus propios Jueces.

La división de poderes es tan fundamental que si no existe tendremos un poder con tres funciones y no tres poderes con distinta función, véase mi artículo (sobre la división de poderes del día 12 de Febrero de 2019), Títulado "Partitocracia, Democracia y Regeneración", donde destaco que el poder judicial debería ser el poder tutelador de las injusticias cometidas por los otros dos poderes y se convierte sin embargo en muchísimas ocasiones, en cómplice o convalidador de sus desmanes, siendo en la partitocracia en que vivimos un poder sometido al ejecutivo y al legislativo. Que poco queda pues de las teorías de Montesquieu.

Nuestro Código Penal regula perfectamente los comportamientos punitivos o que merecen reproche penal, ejecutados por el Gobierno o sus instituciones y es el Poder Judicial y el Ministerio Publico los encargados de instar la acción penal pertinente o en su caso, si no mereciere reproche penal pero sí de otra índole, la tutela por parte de los Tribunales de Lo Contencioso-Administrativo. En definitiva nuestro sistema democrático prevé soluciones para comportamientos anómalos que se sustraigan del Principio de Legalidad y lo que esperamos todos los demócratas es que se hagan funcionar por parte de quien corresponda.

Espero que exista voluntad política y capacidad del poder judicial en llevar a cabo la institucionalización de tres poderes con tres funciones. Es nuestra esperanza.