El exministro José Luis Ábalos, durante un Pleno del Congreso. EFE-Archivo-Chema Moya
El exdiputado por Valencia y exdirigente socialista José Luis Ábalos ha pedido a la Mesa del Congreso que reconsidere su decisión de no concederle la indemnización que pidió como exparlamentario al entender que se ha producido una "flagrante" vulneración de sus derechos.
La Mesa del Congreso desestimó el pasado 10 de febrero la petición de indemnización solicitada por Ábalos al encontrarse suspendido de sus derechos y obligaciones al renunciar al acta.
La decisión se tomó atendiendo el informe de los servicios jurídicos de la Cámara, que consideraron que no procedía dicha indemnización, que en su caso rondaría los 52.000 euros.
Ábalos, en prisión por su presunta implicación en el caso Koldo, ha anunciado este jueves a través de su cuenta de X que ha pedido que se reconsidere su petición al entender que se han vulnerado sus derechos pasivos como diputado, sin "justificación alguna y sin cobertura legal".
A juicio del exdiputado, la suspensión no debe extenderse a toda la percepción económica, sino, en su caso, a los conceptos estrictamente ligados a la asistencia/actividad parlamentaria.
Las cotizaciones a la Seguridad Social no quedarían -sostiene en su escrito a la Mesa- así necesariamente comprendidas en la suspensión porque si ésta "llegara a dejarse sin efecto -por absolución firme o levantamiento de cautelares- procedería al reintegro de las cantidades dejadas de percibir (...) con los intereses legales de demora".
Los letrados del Congreso señalaron en su informe que el que fuera ministro de Transportes se encontraba suspendido de sus derechos, prerrogativas y beneficios propios de la condición de diputado en el momento de renunciar al acta de diputado.
En este sentido, recordaron que ninguno de los miembros de la Cámara que fueron suspendidos en el pasado recibió la indemnización de pensiones parlamentarias.
Destacaron además que la Mesa del Congreso ha venido considerando que los acuerdos de suspensión de diputados adoptados abarcaban la totalidad de los citados derechos y prerrogativas, sin que parezca razonable entender que la pérdida del acta suponga la recuperación de derechos que no existían con anterioridad.
