Imagen de archivo del exministro José Luis Ábalos en el portal de su vivienda en València.- EFE- Ana Escobar
El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha cuestionado la validez de los documentos sobre la compra de un local en Valencia en plena pandemia y que han sido aportados esta semana en el Tribunal Supremo por el comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama, que asegura que se pagó en 'b' 20.000 euros.
Aldama ha puesto en manos del instructor del caso Koldo, Leopoldo Puente, contratos y correos para tratar de demostrar que se modificó el contrato "original", que la UCO halló en el domicilio del exministro, con el fin de "hacerlo coincidir con el precio finalmente reflejado en la escritura pública de compraventa".
"Ahí está el contrato. He cambiado otra cosa respecto al original. Si quieres te cuento cuando lo leas", le escribió su secretaria tres meses antes de la compra, según consta en un correo electrónico de abril de 2020 que ha aportado Aldama.
En respuesta a esta acusación, el nuevo abogado de Ábalos, Carlos Bautista, ha presentado un escrito, al que ha tenido acceso EFE, en el que señala que la "supuesta voluntad" del comisionista del caso Koldo de colaborar en la investigación "no puede quedar satisfecha" con la aportación de un email entre Aldama y una trabajadora suya.
"Y menos mediante la entrega del borrador de un contrato sin firma, elaborado también en un ordenador del propio imputado o a instancias de este", apunta.
Por el contrario, añade Bautista, "la presunta autora del texto, a quien mi representado no conoce, afirma que ha cambiado por su cuenta y riesgo cosas del escrito que se presenta".
Para el abogado resulta por tanto "obvio" que dicho documento "no tiene que ver con las condiciones finalmente pactadas y firmadas" por Ábalos, "únicas de las que puede responder frente a lo afirmado por un pentito (arrepentido en italiano). Simplemente, se ajustó el precio a mejores condiciones de mercado", observa.
Y es que, abunda, "ni el vendedor está vinculado al imputado Aldama, ni este parece conocer que todo se pagó mediante cheques y transferencias, amén de una hipoteca de 50.000 euros, deuda que está declarada en el Congreso de los Diputados".
"En definitiva, frente a lo fingido, se explica la realidad. Basta comprobar que el contrato de arras se firma el 23 de marzo de 2020 y el mail que se aporta es de 4 de abril de 2020", precisa.
Acusa así a Aldama de hacer "una elucubración sin más base que un papel que proviene del propio imputado, sin tener una mínima corroboración periférica, algo mínimamente exigible frente a afirmaciones provenientes de un arrepentido. Obviamente, sin perjuicio de las consecuencias procesales que en su día quepa extraer de la aportación de ese papel", advierte.
Según el letrado, "el poco valor de lo afirmado" por Aldama queda acreditado "tanto por el momento del escrito -ya hubo referencia en los medios de comunicación el 20 de diciembre de 2024- como por su manifiesta ignorancia de la documental ya aportada por esta parte".
Recuerda además que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya abordó la adquisición de dicho inmueble en un informe del 17 de marzo de 2025, al que la defensa de Ábalos dio "oportuna justificación documental", y "allí aparece el único contrato en el que ha intervenido mi representado", sostiene.
