Vicente Betoret.El portavoz adjunto del GPP, Vicente Betoret ha reclamado hoy a los partidos políticos que conforman el Consell "parar el reloj y hacer una reflexión sosegada" para volver a trabajar la Ley de Seguridad Ferroviaria porque "no cumple ni de lejos las mínimas expectativas que se habían generado cuando se anunció pues más que seguridad, genera inseguridad. Es necesario para poder mejorar la seguridad en nuestra red ferroviaria".
Betoret ha señalado que si esta ley se aprueba en las condiciones en las que ha sido presentada "no se va a producir alguna mejora importante en los estándares de seguridad respecto de lo ya existentes".
Para el GPP se trata de una ley "ornamental, presentada para cubrir el expediente" porque "se ha ejecutado de manera precipitada" ya que "ha pesado más cumplir el mandato que redactar un buen texto legislativo donde todos se vieran reflejados".
En este sentido, ha criticado que la redacción del proyecto se ha hecho sin transparencia, sin participación y sin consenso de los sectores implicados y el resultado es "fiel reflejo de todas estas carencias". Así, ha alertado de que el proyecto "toca de pasada" muchas cuestiones pero no incide en el asunto realmente importante: la seguridad ferroviaria.
Tanto es así que es una ley que "nace de espaldas al usuario", al que convierte en un sujeto de obligaciones y de posibles sanciones pero no de derechos. "El destinatario último de la ley debiera ser la seguridad no del sistema ferroviario sino el de los ciudadanos", ha señalado.
Se trata de una ley que nace sin transparencia, ya que "de todos los que comparecieron en el proceso de participación nadie supo decir, ni cuantas reuniones hubo, ni con quien, ni se aportó ni una sola acta de esas reuniones, ni un solo documento relacionado con el anteproyecto de ley". Betoret ha afeado a la conselleria que hayan faltado documentos que deberían constar en el expediente pero "a los que no tuvimos acceso" como el Informe de la Dirección General del sector público o el modelo económico y patrimonio.
"Informe este último que era negativo y que provocó que la agencia Valenciana de seguridad ferroviaria pasase de depender del Consell, a depender de les Corts, salvando así este escollo importante que la propia consellería de Hacienda ponía sobre la mesa", ha añertado.
Para Betoret, "se ha perdido la oportunidad de regular de una manera integral todo el sector ferroviario y de regular la seguridad en el transporte con carácter general". Así, ha señalado que ya que se propone destinar 2 millones de euros a un órgano "tan costoso" como la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria, "¿por qué no se extiende su ámbito de actuación al conjunto del sistema de trasporte público y del transporte de mercancías?".
Por otro lado la Ley crea dos organismos nuevos la Agencia Valenciana de Seguridad ferroviaria y la comisión e investigación de accidentes. Dos órganos que nos van a costar casi 2 millones de euros como mínimo. "Unos organismos que van a tener una estructura sobredimensionada, ineficiente, costosa y poco operativa".
Por ello, ha indicado que ha sido todo "improvisado" y "a correprisas", sin pensar las cosas o estudiarlas en profundidad y "sin escuchar a nadie" ni tan siquiera con los que más conocen en relación a la seguridad ferroviaria que son los empleados de FGV.
Betoret ha denunciado que desde el punto de vista del proyecto de Ley "la investigación de accidentes queda como una tarea lateral y eventual que se separa del tronco de actividades de la agencia". "El colmo de la incongruencia es que la comisión de investigación de accidentes se adscribe a órgano distinto al que se adscribe la propia Agencia".
Se crea una presidencia, con rango de secretaria autonómica y una dirección general "sin que se justifique la necesidad de los dos altos cargos, para una única tarea" ha denucniado al tiempo que ha señalado que sería más lógico "que la figura del presidente de la Agecia fuera sustituida por la del Presidente del Consejo Rector, y por lo tanto por un puesto sin retribución ni tareas ejecutivas que pudieran solaparse con las del Director General".
El portavoz adjunto ha indicado que no se abren vías de colaboración con la administración del Estado en una serie de tareas que en esencia no son diferentes de las que realiza la Administración central en su propia red, de la misma forma que la supervisión de la seguridad en los automóviles o los permisos de conducción, no solo tienen un ámbito estatal sino que se extiende a toda la unión.
Además, ha indicado, no existen criterios concretos de seguridad ferroviaria con rango de Ley, degradándolos a instrumentos de desarrollo que quedan fuera del control de les Corts, de nuevo la transparencia y la participación. Por ello, la Ley "queda convertida en una ley méramente procedimental y de creación de un nuevo organismo".
El GPP ha propuesto la necesidad de indicar el sistema de control de tráfico ferroviario mínimo necesario en función de cada tipo de tramo, o la necesidad de supresión de todos los pasos a nivel en los tramos de vía doble excepto en casos excepcionales en los que fuera imposible.
En esta línea, ha criticado la falta de un esfuerzo inversor en una ley tan importante, y ha denunciado la apatía inversora del Consell, que ha rechazdo todas las enmiendas del GPP en este sentido. Así por ejemplo, en legislaturas anteriores se desarrolló un esfuerzo "titánico" en la mejora de la infraestructura, control de tráfico ferroviario y supresión de pasos a nivel que ahora o ha desaparecido o se ha ralentizado considerablemente.
