Coches patrulla. EPDADesde la entrada en vigor, hace más de 20 años, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), se han evidenciado las carencias de la norma respecto a los trabajadores de los diferentes cuerpos policiales. Esta norma, que es de aplicación a los cuerpos policiales en su totalidad, salvando situaciones excepcionales en las que la protección de la población se prioriza sobre la seguridad y salud en el trabajo, obliga a las autoridades a reconocer derechos y a asumir responsabilidades para que la seguridad y la salud de los agentes queden garantizadas en la medida de lo posible.
Tal y como señala Juan José Agún González, profesor del Máster Universitario de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), "aunque es importante la existencia de un marco normativo, la realidad es que la ejecución práctica de esta ley no se realiza siempre correctamente, bien por falta de interés, medios o personal". Además, el experto de la VIU señala que "la desnaturalización de las Administraciones Públicas de la LPRL, no deja más remedio que recurrir a la jurisdicción de lo penal para obligarla a observar el cumplimiento de la legislación de PRL".
Teniendo en cuenta que cada día mueren 6.300 personas a causa de los accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo, es evidente que los policías también están afectados por estos riesgos.
Según datos del Ministerio del Interior, el número de suicidios registrados en la Guardia Civil ascendió a 15 casos en el año 2017, mientras que según las asociaciones representativas del Cuerpo, el número de casos han sido 22. Al margen de esta diferencia, la realidad es que el escenario en la Policía Nacional es similar, ya que en el 2017 también se registraron en torno a 15 casos de suicidio según fuentes oficiales. Este alto índice de suicidios coincide con la reducción del servicio de psicología de estos cuerpos policiales lo que ha hecho aumentar el nivel de preocupación dentro del Cuerpo De hecho, el próximo 30 de mayo, se reinicia el grupo de trabajo para la prevención del suicidio en la Dirección General de la Policía (DGP) en el seno de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral Policial (CSSLP), reunión a la que asistirá por parte del Sindicato Unificado de Policía (SUP) y en representación de la Plataforma Zero Suicidio Policial, el experto de la VIU.
Según se desprende del informe elaborado por la VIU "La prevención de riesgos laborales en la policía en España y Latinoamérica: una visión comparada", la Guardia Civil para atender a los más de 77.000 agentes cuenta con 62 psicólogos, cuyas plazas no se están renovando una vez dejan de prestar su servicio en el Instituto Armado. De acuerdo con estas cifras, la media es de 1 psicólogo por cada 1.242 agentes, una cifra que está en relación directa con el incremento de bajas psiquiátricas que se han estado registrando en los dos últimos años. De hecho, cada mes se producen 120 bajas laborales de Guardias Civiles por problemas psicológicos.
Además, y según datos del propio Gobierno, el número de bajas psicológicas en la Policía Nacional en el 2016 ascendió a 466, lo que nos demuestra que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se encuentran entre los trabajadores con más riesgo de estrés laboral.
Dentro del estado español, regulado por el art.2 de la Ley Orgánica 2/1986 LOFCS, existe una estructura de fuerzas y cuerpos de seguridad en función de tres niveles administrativos: nacional, autonómico y local, lo que incide directamente, según el experto de la VIU en "hacer más difícil la aplicación de la normativa vigente y la uniformidad de las actuaciones, así como la integración de la prevención, especialmente en la Policía Local". Esta mayor dificultad de la Policía Local en cuanto a la aplicación de la LPRL "proviene de la dependencia de los agentes de cada Ayuntamiento, así como la implicación de la dirección en la prevención".
Tal y como establece la normativa internacional y europea, la Administración española tiene la obligación de cumplir la Prevención de Riesgos Laborales de manera general y no restrictiva por lo que a todos aquellos funcionarios que realicen funciones de policía y seguridad les resulta de aplicación el régimen general preventivo establecido en la Directiva 89/391, y sólo excepcionalmente, en relación con determinadas tareas o cometidos especiales que por su singular naturaleza y por el interés general que persiguen, hagan de difícil o imposible la aplicación del marco jurídico implementado por la LPRL.
En este sentido, y para concluir, el profesor del Máster de la VIU añade que, "la exclusión de la policía local en la LPRL ha hecho pensar que no era una materia en la que estos policías estaban implicados por lo que, muchos ayuntamientos e incluso, el Ministerio del Interior han optado por no aplicar la norma durante años, siendo la excusa que a día de hoy se mantiene en muchas entidades públicas".
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