La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha asegurado este lunes que "tenemos la obligación legal y moral de perseverar" en la lucha contra la violencia de género y para ello, ha dicho, "es vital la coordinación y el trabajo en red de la sociedad".
Calero ha asistido a la reunión del grupo de trabajo para la Erradicación de todas las formas de Violencia contra las Mujeres y sus Hijos e Hijas, creado en abril de 2029, y ha destacado la importancia de su labor, informa la Delegación del Gobierno.
En su intervención, Calero ha insistido en que "la violencia machista en sus múltiples manifestaciones es una grave vulneración de los derechos humanos", y ha afirmado que el Gobierno "trabaja intensamente para lograr una sociedad libre de esta violencia".
Ha indicado que "aún queda mucho camino por recorrer", y ha recordado que en la Comunitat Valenciana, desde 2003, en el que comenzaron a contabilizarse los asesinatos machistas, ya son 134 las mujeres y seis los menores de edad que han perdido la vida en manos de sus parejas o exparejas, dejando a 41 menores huérfanos.
Calero ha afirmado que la crisis de la COVID-19 ha afectado de forma diferente a mujeres y hombres, ya que las mujeres "continúan realizando la mayor parte del trabajo doméstico y el cuidado de las personas dependientes".
Además, ha destacado que en contextos de confinamiento, las mujeres que sufren violencia de género y las que son vÃctimas de trata y de explotación sexual, "constituyen colectivos especialmente vulnerables".
En este sentido, ha explicado que tras la declaración del estado de alarma, el Gobierno puso en marcha un plan de contingencia contra la violencia machista, con "una serie de medidas estratégicas y operativas dirigidas a prevenir, controlar y minimizar las posibles consecuencias negativas derivadas del confinamiento".
Para implementar jurÃdicamente este plan, ha señalado, el Ejecutivo dictó el real decreto-ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las vÃctimas de violencia de género, y en una segunda fase, adoptó una serie de medidas dirigidas a las vÃctimas de trata y explotación sexual.
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