El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps. EFE-Ana Escobar-ArchivoEl expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps se sienta desde este lunes en el banquillo de los acusados por el último fleco del caso Gürtel que tiene abierto, relacionado con la adjudicación a la trama del montaje de un expositor en Fitur, en 2009, un juicio en el que alrededor de una decena de acusados, incluidos los cabecillas de la red, han pactado con la Fiscalía.
Casi catorce años después del estallido del caso, la Audiencia Nacional todavía tiene piezas de esta macrocausa por juzgar, como la que empieza esta semana, en la que quien fuese presidente valenciano durante ocho años (2003-2011) se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de dos años y medio de cárcel y diez de inhabilitación por los delitos de prevaricación y fraude.
Será su segundo juicio por Gürtel -el primero, conocido como el de "los trajes" y en el que acabó absuelto, le llevó a dimitir en 2011- y lo afronta con "absoluta tranquilidad", según manifestó públicamente esta semana. Además de recordar que "ya son nueve las causas que se han archivado" contra él, el expresident confesó que le "encantaría volver otra vez a la primera línea de batalla", a la política.
Junto a él serán juzgadas más de una veintena de personas, incluidos varios ex altos cargos del gobierno valenciano y también el considerado cabecilla de la red, Francisco Correa; su número dos, Pablo Crespo, y el responsable de las empresas en Valencia, Álvaro Pérez, el Bigotes.
Los tres se encuentran desde hace años cumpliendo diversas condenas por Gürtel y en esta pieza, como en alguna otra más, han reconocido los hechos tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía. El primero ha aceptado una condena de 2 años y medio de prisión.
No son los únicos. En torno a una decena de acusados han admitido los hechos, como los ex altos cargos de la Generalitat Silvia Caballer, Vicente Farnós, Enrique Navarro o Enrique Bort.
Pero ese no es el caso de Camps, que mantiene su inocencia y que ya pidió hace meses al tribunal que no tuviese en cuenta las confesiones de estos acusados como un "instrumento incriminatorio" contra él.
El también expresidente del PP valenciano está acusado de dar instrucciones a la ex directora general de promoción institucional Salvadora Ibars para que le adjudicasen a la filial de Gürtel en Valencia, Orange Market, el montaje de un expositor del pabellón de la Comunidad Valenciana por 366.529 euros.
La investigación contra él surgió de otro juicio de Gürtel, cuando algunos acusados como Álvaro Pérez, el Bigotes, o el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, le apuntaron como responsable de adjudicaciones a esa empresa.
Anticorrupción sostiene que las empresas de Gürtel se asentaron en la comunidad en 2003 para "aprovechar las posibilidades de negocio que les ofreció" Camps y "una posición ventajosa en la convocatoria y adjudicación de contratos públicos".
Cree que, en el caso de Fitur 2009, la adjudicación se produjo para "contentar" a la trama por la "elevada deuda acumulada" que tenía Orange Market con el PP por la organización de actos del partido en años anteriores, y sostiene que Álvaro Pérez, responsable de la red en la comunidad, y el contable de la citada empresa, Cándido Herrero, se concertaron con Camps para que "dispusiera lo necesario para que el contrato" fuera para esa mercantil.
