La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, María José CataláLa portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, María José Catalá, ha señalado que "mientras la tasa de riesgo de pobreza infantil y exclusión alcanza al 37,7% de los menores de la Comunitat Valenciana, es decir a 337.191 chavales según datos de Unicef, los grupos del tripartito aprueban hoy un presupuesto que destina solo 1,5 millones de euros a pobreza infantil en 2017, lo que representa el 0,14% del presupuesto de la Vicepresidencia, Igualdad y Políticas Inclusivas (1.048 millones de euros) y el 0,008% del presupuesto global de la GVA (17.724 millones de euros)".
Para Catalá, "esto muestra que esta es una administración indolente, a la que el Grupo Popular ha tenido que enmendar el presupuesto para que recuerden que deben comprometerse a desarrollar las acciones impulsadas desde las Cortes por los diferentes grupos parlamentarios en la elaboración del pacto autonómico por la infancia que se está trabajando, entre otras, con entidades sociales como UNICEF".
"Eso sí –ha proseguido- la consellería de la Vicepresidenta es la que más crece para 2017 en personal de confianza, pasando de 791.224 euros a 1.027.591 euros. 11 altos cargos y 9 asesores, un 80% de incremento con un coste de los cuatro asesores más de 176.276 euros".
Por otra parte, Catalá ha añadido que también "han votado en contra de las enmiendas del GPP que pretenden garantizar que se cubra el 100% de la plantilla de los centros de atención social directa (residencias personas con diversidad funcional, de mayores, de menores y centros de acogida) a pesar de que la inspección de servicios sociales manifiesta carencias en personal muy preocupantes como es el caso de la Residencia Pública (y de gestión pública) de Carlet. Oltra incrementa el número de asesores pero recorta el personal en residencias".
Asimismo, la portavoz popular ha denunciado que "tampoco han votado a favor de incrementar 1,5 millones de euros para la mejora de instalaciones de esta Residencia Pública, que debería ser el buque insignia de la gestión social directa y pública de la GVA. Se oponen también a doblar la aportación que hace el estado para violencia de género (600.000 euros), mejorar el fondo de emergencia contra la violencia contra la mujer o la indemnización por causa de muerte por violencia de género".
